domingo, 14 de septiembre de 2014

QUINTO "MOSCOSO"

Los funcionarios recuperan otro moscoso: aprobada la Ley de racionalización del sector público


El Congreso ha aprobado el proyecto de ley, con lo que los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición de los tres suprimidos en 2012, medida introducida por el PP para intentar reducir el déficit. 
http://vozpopuli.com/actualidad/49257-los-funcionarios-recuperan-otro-moscoso-aprobada-la-ley-de-racionalizacion-del-sector-publico

Nacional | 11-09-2014
 
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, una norma que pretende garantizar la eficiencia del gasto, así como la eliminación de duplicidades y determinados entes y organismos públicos.

Tal y como estaba previsto, tras la aprobación de la ley, los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición ("moscoso") de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP.

El proyecto de ley ha vuelto al Congreso para ser aprobado después de que el pasado mes de julio el pleno del Senado, con la mayoría del PP, rechazara las ocho propuestas de veto al proyecto de Ley de racionalización del sector público, que según los grupos de la oposición al Gobierno invade competencias autonómicas y pretende la "recentralización" del Estado.

Desde el PP, la diputada María Eugenia Romero ha asegurado que este proyecto, que supondrá un ahorro de 37.600 millones de euros en los cuatro años de Gobierno, forma parte del plan de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno y está encaminado a procurar una mejor administración de los recursos públicos.

Romero ha señalado que del texto que salió del Congreso y que ha sido debatido con las enmiendas incorporadas del Senado, se han introducido veinte modificaciones, entre las que ha destacado la relativa a la ley general de subvenciones, la movilidad geográfica de los funcionarios y la tasa por homologación y convalidación de títulos extranjeros. Ha añadido que lo que intenta el Gobierno con esta ley es corregir las duplicidades y suprimir organismos innecesarios sin incrementar la carga burocrática a los ciudadanos.
Críticas por la "intromisión" que supone la ley

Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor, ha dicho al Gobierno que se creyó "su propaganda" diciendo que "había 600 asesores en la Moncloa" o que "la administración española era una selva de chiringuitos para socialistas", y "cuando se pusieron a escribir" lo único que contaron fueron unos "flecos" que "no tienen importancia ni financiera, ni política". Sánchez Amor ha asegurado que "cada vez" que el PP toca la Administración "es para producir un desastre como éste".

El diputado de CIU Antoni Picó ha señalado que transcurridos casi tres años desde el inicio de la legislatura el proyecto contiene "pocas medidas de racionalización" y ha criticado el "nivel de intromisión del Gobierno en las competencias autonómicas".

También el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha puesto de manifiesto la posición contraria del su grupo a la ley, al considerar que supone una "intromisión competencial", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo "no respeta las reglas del juego ni los estatutos de autonomía".

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha calificado la norma como "una mala ley", que no responde al encargo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), ni se corresponde con las necesidades de España.

Joan Coscubiela de la Izquierda Plural ha criticado que el texto "incrementa los defectos iniciales", mientras que desde el Grupo Mixto, el diputado de Amaiur Rafael Lareina ha asegurado que el Gobierno "avanza en el proceso de recentralización y desmontaje del Estado de bienestar".

Lareina ha aprovechado su intervención en el Congreso para reclamar en este día en que Cataluña celebra la Diada, "el respeto a la voluntad" y "al derecho a decidir del pueblo de Cataluña".

domingo, 7 de septiembre de 2014

MENOS EMPLEADOS PÚBLICOS = PEORES SERVICIOS PÚBLICOS

León prescinde de 1.072 empleados públicos

La poda ha segado en dos años todas las áreas e instituciones, pero el mayor número de puestos se han suprimido en educación (406), en las entidades locales (207) y en el personal de las Fuerzas Armadas (109).

 
m. romero | león 08/09/2014
León tiene actualmente una plantilla de 29.449 empleados públicos, 1.072 menos que hace dos años, cuando el Gobierno instauró un severo plan de medidas para adelgazar las administraciones públicas. La nómina de trabajadores con sueldo público en la provincia sigue siendo mastodóntica, de manera que una de cada seis personas con empleo cobran del Estado, la Junta, la Diputación o de algún ayuntamiento. Es un sueldo público por cada 16 habitantes.
Según recoge el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los recortes no se han producido por igual en todas las casas. Si el objetivo era podar, la administración más cumplidora ha sido la Junta de Castilla y León. En total ha prescindido de 573 empleados, la inmensa mayoría dedicados a la docencia. A este sector pertenecen 406 despedidos. Concretamente, ahora hay 260 maestros menos que hace dos años y 146 trabajadores de la Universidad de León.
En menor medida se ha tocado la plantilla de las consejerías, en las que trabajan 98 empleados menos que en 2012. La sanidad es, según la misma fuente, el área con menos afectados (69).
Pese a los recortes practicados en la Administración autonómica, esta institución sigue siendo el mayor vivero de empleos en la provincia, con 13.905 empleados.
Las instituciones que dependen del Estado también han adelgazado su nómina de empleados en absolutamente todas las áreas posibles. Hoy trabajan para la Administración central 8.065 ciudadanos de León. Hace dos años eran 8.357.
Aquí se ha notado notablemente la reducción de interinos. Éste ha sido uno de los recursos más utilizados por Gobierno y Junta. 131 empleados del personal que se encontraba en diferentes sedes ministeriales de León ya no forman parte de la nómina del Estado y lo mismo ha ocurrido con 98 trabajadores de las consejerías de Castilla y León. Son, no obstante, algunos de los departamentos o áreas en los que menos plantilla se ha recortado.
Los peor parados en este sentido son los miembros de las Fuerzas Armadas. El Estado ha reducido su número en más de un centenar durante estos dos años. Resulta llamativo que la tendencia también haya salpicado a este tipo de empleados públicos, sobre todo porque su evolución durante los últimos años fue espectacular gracias al aporte del gran número de mujeres y de ciudadanos no nacionales. En León se emplean en las Fuerzas Armadas un total de 2.453 personas.
Son muchos más en número que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en cojunto suman 1.901 efectivos. Es, junto a las agencias estatales y los entes públicos, el sector que menos ha sido tocado en estos años. Sólo ha perdido 21 efectivos. Tanto las agencias como los entes públicos tienen ocho empleados menos cada uno.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaba hace escasos días que en España la plantilla de empleados públicos no debía bajar más. A nivel nacional, hoy el número de empleados públicos es de 2.551.000, prácticamente la misma cifra que en el año 2004.
Por lo que respecta a Castilla y León, ésta se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor número de empleados públicos por habitante y, aunque ha recortado, el número de empleados públicos es casi el mismo que antes de la crisis. Éste se situó en este territorio en 163.877 trabajadores, 344 menos que un año antes, con un descenso porcentual del 0,2%. La Administración del Estado emplea a 38.693 personas en la Comunidad, con un descenso del 2,3% respecto al arranque de 2013 (909 personas menos); y la Junta, a 84.547, con una rebaja del 1,3% (1.124 empelados menos). Asimismo, las universidades perdieron 115 empleados, el 1,4% de reducción, hasta los 8.268 trabajadores. Por el contrario, la Administración local contaba con 32.369 empleados, un 5,9% más que un año antes, que se traduce en 1.804 nuevas contrataciones.
El documento refleja que en el inicio de 2014, la provincia con un mayor número de empleados públicos era Valladolid, con 35.739, con un descenso del 0,6% en el último año. La provincia donde el número de empleados al servicio de la Administración, descendió más fue Zamora, un 2,6%, hasta los 10.906. Asimismo, también bajaron en Salamanca (23.542), un 0,9%; en Palencia (10.498); un 0,8%; en Soria (7.785), un 0,7%; y en Burgos (23.241), un 0,2%. Por el contrario, se elevaron en Ávila (10.906), un 1,7%, y en Segovia (11.811), un 0,6%.
La distribución de efectivos estatales en la Comunidad se concentraba en la Administración General, con 12.836, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 9.562 empleados; las Fuerzas Armadas, 9.061; la Administración de Justicia, 3.710; y los Entes Públicos, 3.524.
En cuanto a la Administración autonómica, las consejerías y sus organismos acumulan 20.204 empleados; a docencia no universitaria se dedican 30.648 personas; y a las instituciones sanitarias, 33.695.

jueves, 7 de agosto de 2014

Reordenación del sector público

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Castilla-Y-Leon-Ahorra-1-264-Millones-Por-La-Reordenacion-De-vn151392-vst209

Castilla y León ahorra 1.264 millones por la reordenación del sector público
La extinción o reestructuración de entes supondrá una reducción de plantillas en 4.444 efectivos, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda    

Ical       06/08/2014
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que Castilla y León ahorrará 1.264,17 millones de euros entre 2011 y 2015 gracias a sus actuaciones en materia de reordenación de su sector público, con un ajuste global en sus plantillas en 4.444 empleados por medidas de extinción o de reestructuración de entes. El conjunto de las autonomías, según el último informe publicado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, ahorrarán en el periodo de aplicación de reformas 20.615,43 millones, con la destrucción de 51.766 empleos.
El documento recogido por Ical, de arranque de 2014, refleja que los mayores ajustes del periodo llegarán por las medidas de reestructuración de los entes que subsistan aprobadas por el Gobierno regional. En concreto, los ahorros estimados por estas medidas supondrán 1.223,38 millones de euros, con una reducción de las plantillas en 3.879 trabajadores. En España, los ahorros por estas medidas en entes que proseguirán con su actividad, ascenderán a 18.732,51 millones de euros, con la destrucción de 46.306 puestos de trabajo.
En cuanto a los procesos de extinción de entes, permitirán en la Comunidad, un ajuste del gasto en 40,79 millones de euros, con la desaparición de 565 empleos. En el conjunto de las autonomías, los entes liquidados hubieran supuesto un gasto en el periodo de 1.910,74 millones, con unas plantillas integradas por 5.460 empleados.
El análisis autonómico del proceso de reordenación del sector público, sitúa los mayores ahorros entre 2011 y 2015 por bajas netas efectivas y otras medidas de reestructuración de entes en Cataluña, con 6.423,15 millones de euros; seguida por Madrid, con 2.902,54 millones; y Valencia, con 2.833. Asimismo, el ahorro previsto en Andalucía es de 1.735,84 millones; en Galicia, de 1.549,69; en Castilla-La Mancha, de 1.459,83; en Castilla y León, de 1.264,17; en Canarias, de 1.039,03; en Murcia, en 1.023,57; en Baleares, de 316,85; en Navarra, de 63,88; y en La Rioja, de 3,76.El Ministerio no dispone de datos sobre el ahorro en Aragón, Asturias, Cantabria y Extremadura.
En cuanto al impacto sobre las plantillas, en Cataluña se reducirán en 12.803 efectivos; en Castilla-La Mancha, en 11.879; y en Valencia, en 8.816, seguidas por Castilla y León, con 4.444, la cuarta autonomías por impacto en los puestos de trabajo de los entes. Asimismo, Madrid reducirá las plantillas de los entes en 4.066 trabajadores; Canarias, en 2.519; Murcia, en 2.410; Baleares, en 2.044; en Andalucía, en 636; Galicia, en 633; Aragón, en 317; Navarra, en 228; Baleares, en 183; La Rioja, en 74; y Extremadura, en 37.

Grado de ejecución
El Ministerio de Hacienda expone que el compromiso global de reducción de entes asumido por la Junta de Castilla y León, asciende a 28 organismos, con una actuación efectiva de extinción sobre 16 a 1 de enero de 2014; y otros cinco con el proceso en curso en estadios muy próximos a la desaparición. Así, esos 21 entes suponen un grado de ejecución de la reducción global comprometida, del 75 por ciento en el arranque de 2014. Un porcentaje por debajo del registrado para la media del conjunto de las autonomías, que se situó en el 85,44 por ciento, con 675 entes (484 de reducción efectiva y 191 en fases próximas a su consecución), sobre un compromiso global de actuación sobre 790.
Las autonomías con mayor grado de ejecución de sus compromisos de reordenación del sector público son La rioja (100 por ciento); Andalucía (97,64 por ciento); y Baleares (92,73 por ciento). Por el contrario, en la cola de la tabla se encuentran Asturias (60 por ciento) y Cataluña (70,4 por ciento).
Una vez concluidos todos los procesos de reordenación del sector público autonómico, Castilla y León contará con 56 entes, cuando a fecha 1 de enero de este año tenía aún 63, y a julio de 2010, 84. En España, se concluirá el proceso con 1.579 entes, frente a los 2.369 iniciales, es decir, 790 menos. Así, la importancia relativa sobre la reducción comprometida frente a la situación de 2010, se sitúa en el 33,33 por ciento en la Comunidad (28 entes suprimidos de 84), frente al 33,35 por ciento de la media nacional (790 sobre 2.396).
Por autonomías, la mayor importancia relativa de los compromisos de reordenación se registra en Baleares (60,77 por ciento); Castilla-La Mancha (57,32 por ciento); y Murcia (55,45 por ciento). Los compromisos más bajos los asumen Canarias (16,28 por ciento); Asturias (17,86 por ciento); Madrid (19,05 por ciento); y La Rioja (19,35 por ciento).

Compromiso inicial muy bajo
El texto indica que el compromiso inicial de reducción del sector público autonómico manifestado por la Junta en la Comunidad, fue de dos entes, con fecha 1 de enero de 2012, y a 1 de enero de 2014, se había producido una disminución efectiva, incluidos los procesos en fases muy próximas a la extinción, de 21, lo que supone un aumento del 1.050 por ciento respecto al primer compromiso. En España, el compromiso inicial fue de eliminación de 508 entes, y en el arranque de este año se había actuado sobre 675, es decir, un 133 por ciento más. El informe recalca que “Castilla y León había asumido un compromiso inicial muy reducido, de ahí el elevado porcentaje de realización”.

La reconversión del sector público en la Comunidad destruye 4.444 empleos

El Ministerio de Hacienda cifra en 1.264 millones de euros el ahorro en 5 años.


  • Interior del edificio de la Junta en la capital leonesa, en el barrio de Eras de Renueva. - jesús f. salvadores


dl | valladolid 07/08/2014
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que Castilla y León ahorrará 1.264,17 millones de euros entre 2011 y 2015 gracias a sus actuaciones en materia de reordenación de su sector público, con un ajuste global en sus plantillas en 4.444 empleados por medidas de extinción o de reestructuración de entes. El conjunto de las autonomías, según el último informe publicado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, ahorrarán en el periodo de aplicación de reformas 20.615,43 millones, con la destrucción de 51.766 empleos.
El documento recogido por Ical, de arranque de 2014, refleja que los mayores ajustes del periodo llegarán por las medidas de reestructuración de los entes que subsistan aprobadas por el Gobierno regional. En concreto, los ahorros estimados por estas medidas supondrán 1.223,38 millones de euros, con una reducción de las plantillas en 3.879 trabajadores. En España, los ahorros por estas medidas en entes que proseguirán con su actividad, ascenderán a 18.732,51 millones de euros, con la destrucción de 46.306 puestos de trabajo.
En cuanto a los procesos de extinción de entes, permitirán en la Comunidad, un ajuste del gasto en 40,79 millones de euros, con la desaparición de 565 empleos. En el conjunto de las autonomías, los entes liquidados hubieran supuesto un gasto en el periodo de 1.910,74 millones, con unas plantillas integradas por 5.460 empleados.
El análisis autonómico del proceso de reordenación del sector público, sitúa los mayores ahorros entre 2011 y 2015 por bajas netas efectivas y otras medidas de reestructuración de entes en Cataluña, con 6.423,15 millones de euros; seguida por Madrid, con 2.902,54 millones; y Valencia, con 2.833. Asimismo, el ahorro previsto en Andalucía es de 1.735,84 millones; en Galicia, de 1.549,69; en Castilla-La Mancha, de 1.459,83; en Castilla y León, de 1.264,17; en Canarias, de 1.039,03; en Murcia, en 1.023,57; en Baleares, de 316,85; en Navarra, de 63,88; y en La Rioja, de 3,76.El Ministerio no dispone de datos sobre el ahorro en Aragón, Asturias, Cantabria y Extremadura.
En cuanto al impacto sobre las plantillas, en Cataluña se reducirán en 12.803 efectivos; en Castilla-La Mancha, en 11.879; y en Valencia, en 8.816, seguidas por Castilla y León, con 4.444, la cuarta autonomía por impacto en los puestos de trabajo.
El Ministerio de Hacienda expone que el compromiso global de reducción de entes asumido por la Junta de Castilla y León, asciende a 28 organismos, con una actuación efectiva de extinción sobre 16 a 1 de enero de 2014; y otros cinco con el proceso en curso en estadios muy próximos a la desaparición. Así, esos 21 entes suponen un grado de ejecución de la reducción global comprometida, del 75 por ciento en el arranque de 2014. Un porcentaje por debajo del registrado para la media del conjunto de las autonomías, que se situó en el 85,44 por ciento, con 675 entes (484 de reducción efectiva y 191 en fases próximas a su consecución), sobre un total de 790.

viernes, 4 de julio de 2014

DENUNCIA CONTRA EL PAGO DE "BUFANDAS"


COMUNIDAD 
Denuncian 'sobresueldos' que la Junta abona como si fueran gratificaciones
Los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, UGT y USAE acuerdan por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el pago de las denominadas 'bufandas'
Ical       04/07/2014
La Junta de Personal de Servicios Centrales del Gobierno de Castilla y León ha denunciado ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el pago de supuestos "sobresueldos" a empleados públicos, bajo la fórmula de gratificaciones extraordinarias por tareas fuera de su horario de trabajo, las conocidas como 'bufandas'. La decisión, la primera que adoptan en vía judicial, fue tomada por unanimidad de las centrales sindicales CSIF, CGT, CCOO, UGT y USAE, según informaron hoy en un comunicado.
El presidente de la Junta de Personal, Marcial Barba, firma la denuncia que sostiene que distintas consejerías han repartido “sobresueldos” de forma “sistemática”, bajo la fórmula de gratificaciones extraordinarias, con una cuantía “fija” a un “selectivo” y “determinado” número de empleados sin que se cumpla el motivo legal que los justifique. En su opinión, los hechos vulneran la normativa vigente, con un “evidente perjuicio” para las arcas públicas.
Asimismo, el órgano de representación de los empleados públicos advierte en el texto de que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la administración pública. A su juicio, el “carácter continuado” y las cuantías hacen en su opinión “especialmente graves” los pagos por lo que pide la intervención inmediata de la Fiscalía con una investigación. Además, señala que la Junta deniega el acceso a la documentación con el pretexto de que se trata de información “secreta”.
Cabe recordar que en mayo Marcial Barba denunció en las Cortes en una comparecencia con un procurador del PSOE el pago de seis millones de euros “opacos” a unos 400 empleados públicos de confianza. La Junta respondió que la oposición socialista tardó un año en visitar las sedes administrativas para ver la documentación pedida sobre las gratificaciones y recordó que fue la Mesa de las Cortes quien sostuvo que estos datos eran secretos y no se podían facilitar.

jueves, 3 de julio de 2014

ACUERDOS PLENO DE JUNIO

La Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de León  informa de los

 

 ACUERDOS TOMADOS EN EL PLENO CELEBRADO EL 27 DE JUNIO DE 2014    

Finalizado el Pleno, todos los representantes sindicales asistentes al Pleno de la Junta de Personal acompañan a la Secretaria para el registro de las más de 3000 firmas recogidas en la "Campaña de recuperación de la Jornada de 35 horas semanales"

 

 
Leonoticias 
LEÓN 
El personal de la Junta registra 3.000 firmas para recuperar las 35 horas
La Junta de Personal Funcionario Recuerdan que el horario es "efectivo y suficiente para cumplir con los objetivos de trabajo marcado para cada administración"
 
leonoticias.com       26/06/2014
La Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de la Comunidad de Castilla y León en León, siguiendo la senda marcada desde el primer día de su constitución, ha protagonizado sucesivas acciones de protesta y recogida de firmas para mejorar los derechos laborales de los empleados públicos e incentivar la mejora de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos de León.
En este sentido, desde el pasado mes de marzo ha presentado una campaña de recogida de firmas para recuperar la jornada laboral de las 35 horas semanales por considerar que dicho horario es efectivo y suficiente para cumplir con los objetivos de trabajo marcado para cada administración.
Durante el Pleno que la Junta de Personal celebrará el viernes 27 de junio se registrará el escrito con el que adjuntaremos las más de 3.000 firmas recogidas por los representantes de los trabajadores durante este periodo de tiempo y que la Secretaria de la Junta de Personal, acompañada por todos los miembros de la misma, presentará para su registro a las 11 horas de este viernes.
Con este acto cargado de simbolismo, queremos agradecer la colaboración de todos los empleados públicos que han plasmado su firma directamente sobre el papel o a través de la firma electrónica que hemos facilitado para llevar a cabo esta solicitud. 
“Confiamos en la sensibilidad de nuestros políticos a la hora de reconocer el esfuerzo que los empleados públicos hemos llevado a cabo en los últimos años y esperamos que, ahora que la recuperación económica parece aflorar, manifiesten su decidida apuesta por la mejora cuantitativa y cualitativa de nuestras condiciones laborales y de los servicios públicos garantes del Estado de Bienestar de la ciudanía.

 
 
 

 


 

viernes, 13 de junio de 2014

REFORMA ADMINISTRACIÓN CYL

El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración autonómica


El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, un paso necesario, tal y como ya se avanzó en el Acuerdo 22/2014 de 30 de enero. En este se detallaban 13 medidas institucionales y organizativas, 24 medidas de coordinación y reducción de duplicidades, 24 medidas de modernización, cuatro medidas de reestructuración del sector público y se fijaban los avances en la racionalización, la eficacia, la eficiencia y la transparencia del funcionamiento de la Junta de Castilla y León. El texto aprobado hoy aglutina modificaciones necesarias en 44 normas para la ejecución y el desarrollo de las 65 medidas fijadas por el Ejecutivo autonómico. Además, con todo ello, la Junta de Castilla y León cumple las recomendaciones expuestas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas –CORA-.
Consejo de Gobierno del 12 de junio de 2014
Castilla y León | Consejería de la Presidencia


La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, continuando así la materialización de un compromiso de investidura del presidente Herrera, destacado en el Debate de Política General de 2013, detallado por el consejero de la Presidencia ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León en una Comunicación e iniciado formalmente a partir de la aprobación del Acuerdo 22/2014 de Consejo de Gobierno. No obstante, el Ejecutivo autonómico ya inició la actual legislatura introduciendo reformas de un carácter semejante al de las últimas 65 medidas. Así, la Junta de Castilla y León redujo el número de consejerías –de doce a nueve y fijando una limitación futura a un máximo de diez-, el número de altos cargos del Gobierno –un 20% menos- y del Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas. Asimismo, a fecha 31 de diciembre de 2013, el sector público autonómico se redujo en un 50 %, pasando de 36 a 18 empresas y fundaciones.
El proyecto de ley consta de 42 artículos, estructurados en cuatro títulos: uno preliminar y tres dedicados respectivamente a las medidas sobre recursos humanos, simplificación y organización; este último se desglosa en cuatro capítulos: organización de la Administración de la Comunidad, órganos de Cooperación Local, coordinación interdepartamental y órganos de asesoramiento y participación. Por último, se añaden tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales.
Las medidas referentes a recursos humanos tienen, como principales objetivos, la adaptación de la redacción de determinados preceptos referidos a los instrumentos de ordenación de recursos humanos; regular y mejorar las posibilidades de hacer frente a las necesidades temporales de personal; simplificar las funciones del Consejo de Función Pública; simplificar la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo –RPT- y plantillas; adaptar cuestiones del personal sanitario a personal funcionario: posibilidad de cesar a titulares de puestos de libre designación -en los sanitarios se mantiene la duración máxima de 4 años en esos puestos, aunque puedan repetir- y el mantenimiento de retribuciones en caso de que accedan a puestos directivos; y posibilitar el cambio de horario de mañana del personal sanitario de atención primaria, previa negociación. En ningún caso se modifican los órganos de negociación con representantes de persona, ni se reducen las funciones de estos órganos.
Con las medidas de simplificación se regula en 24 normas la reducción de sanciones en un 50 % si se abona la sanción en el plazo de 30 días desde la propuesta de resolución. Tal proceso de simplificación administrativa se efectúa en determinados procedimientos y trámites: la tramitación interna de anteproyectos de ley; se elimina el dictamen preceptivo del Consultivo en Ley de Presupuestos y en decretos meramente organizativos; elaboración de Plan de Cooperación al Desarrollo; se prevé la manera de hacer pública la validez de autorizaciones de juego de otras administraciones en aplicación de Ley de unidad de mercado; procedimientos de gestión presupuestaria -no se exigirá informe previo, sino comunicación posterior, de Consejería de Presidencia para modificaciones presupuestarias que afecten a entidades locales y las modificaciones presupuestarias de los Consejeros se contabilizarán en 3 días-; procedimientos en materia de caza, sustituyendo autorizaciones por comunicaciones; procedimiento sancionador en materia de deporte, atribuyendo competencias a director y consejera únicamente.
Las medidas organizativas se estructuran en cuatro niveles. En lo concerniente a la Administración de la Comunidad, se atribuye al delegado territorial la coordinación de toda la Administración General y de sus entes adscritos en la provincia; se prevé la posibilidad de que órganos de consejerías realicen funciones de apoyo y materiales para entes adscritos; se regulan de forma expresa en la Administración autonómica encomiendas de gestión a órganos propios o de diferente Administración, así como a entes adscritos; se prevé que los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León presten asistencia a entidades adscritas y a otras instituciones del sector público autonómico. Asimismo se regula que puedan asistir a altos cargos y resto de empleados, por actos en ejercicio de sus funciones, en iguales condiciones.
En órganos de cooperación local, las medidas contempladas contribuyen a la simplificación de la composición y las funciones del Consejo de Cooperación Local; se le atribuyen las funciones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales y de la Comisión de Carreteras y, con ello, queda configurado como principal órgano de cooperación en Administración y Entidades Locales.
En materia de coordinación interdepartamental, la Comisión de Secretarios recibe la atribución de funciones de cinco órganos: Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, Comisión de Coordinación para la política de juventud de la Administración Autonómica, Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Comisión interconsejerías de apoyo a las familias. Con esta atribución, y junto con el Decreto de 6 de marzo, la Comisión de Secretarios se configura como único órgano de coordinación interdepartamental.
Los órganos de participación resultarán reforzados a partir de la introducción de unas medidas que permitirán racionalizar el número de órganos, unificar los que tienen materias y composición similar y potenciar su funcionamiento. Para ello, el Gobierno autonómico ha de modificar 20 leyes, en las que se eliminan las referencias a órganos concretos, sustituyéndose por referencias a la necesidad de que exista un órgano en esa materia. Además, se eliminan dos observatorios regulados por ley que eran órganos administrativos en el ECYL y en la Gerencia de Servicios Sociales.