viernes, 23 de enero de 2015

El PSOE enviará a la Fiscalía la gestión del Itacyl

El PSOE enviará a la Fiscalía la gestión del Itacyl

José Francisco Martín y Jesús Encabo, ayer, antes de la comisión. - efeEl presidente del Consejo de Cuentas dice que la «fase preprocesal» ya se archivó. 

     

efe | valladolid 23/01/2015  
El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, anunció ayer que pondrá en conocimiento de la Fiscalía el informe del Consejo de Cuentas sobre el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) en el ejercicio 2011.
José Francisco Martín hizo este anuncio en el transcurso de la comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, ante la citada comisión parlamentaria para exponer el informe del órgano que preside sobre el Itacyl en 2011. Ante ese anuncio, Jesús Encabo puso en conocimiento de la comisión parlamentaria que la Fiscalía ya hizo en octubre pasado una petición de información al Tribunal de Cuentas sobre los anticipos de pagos de caja fija recogidos en el informe del Itacyl, en lo que denominó «fase preprocesal».
El presidente del Consejo de Cuentas informó de que la Fiscalía, con fecha de 5 noviembre, archivó esta fase «preprocesal» con el argumento de que no advertía «posibles responsabilidades contables» en los anticipos de caja.
Réplica
El portavoz del Grupo Socialista, en su turno de réplica, indicó que su intención es que la Fiscalía «vaya más allá» del examen de responsabilidades contables» y va a pedir «otro tipo de responsabilidades» que no especificó.
El parlamentario socialista advirtió de que en los anticipos de pago de caja fija se encuentran facturas relacionadas con alquiler de vehículos en varias ocasiones por un valor de 634,74 euros en cada operación, además de gastos efectuados en bares y restaurantes, de los que citó al pub «El 13», por un valor de 41 euros. Martín criticó que el informe del Consejo de Cuentas sobre el Itacyl «parece» que se refiere a «un manual de la corrupción» y de prácticas que se aprecian en casos que están en manos de la Justicia. Para José Francisco Martín, desde su creación en 2002 como medio propio de la administración autonómica, el Itacyl se ha mostrado como un órgano «opaco» por lo que reclamó una auditoría sobre la contratación de su personal para saber «quienes son los trabajan, los que no trabajan; que hacen y que no hacen».
El presidente de Cuentas destacó del informe que detecta como el Itacyl contrata con terceros la parte más significativa de sus actividades, aunque utiliza sus medios propios en las actuaciones preparatorias para iniciar el expediente de contratación y flexibiliza los trámites de la contratación pública. Según expuso, en la concesión de avales por parte del Itacyl se ha detectado como «una debilidad» que no existe «un control interno».


El PSOE llevará a Fiscalía el informe de gestión de Itacyl de 2011 para buscar responsabilidades
El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más".
http://www.20minutos.es/noticia/2354647/0/psoe-llevara-fiscalia-informe-gestion-itacyl-2011-para-buscar-responsabilidades/

El PSOE llevará a Fiscalía el informe de gestión de Itacyl de 2011 para buscar responsabilidades El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más".

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2354647/0/psoe-llevara-fiscalia-informe-gestion-itacyl-2011-para-buscar-responsabilidades/#xtor=AD-15&xts=467263
EUROPA PRESS. 22.01.2015
 
El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más". El PSOE llevará a Fiscalía el informe de gestión de Itacyl de 2011 para buscar responsabilidades Ampliar foto Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, José Francisco Martín, tras la presentación por parte del presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, de un informe que es público desde el pasado 8 de septiembre y en el que constan, según el procurador del PSOE, un pago de 43,20 euros con fecha de 14 de diciembre de 2011 al pub 'El 31' o tres cargos por alquiler de vehículo en enero de ese mismo año por 596,7, 634,84 y otros 634,84 euros, todos correspondientes a Tierra de Sabor. "¿Qué hace el Itacyl pagando reuniones de Tierra de Sabor en el Pub 'El 31'?", se ha preguntado Martín, quien, tras asemejar ese listado de facturas con otros de "determinadas tarjetas" —en referencia a las tarjetas opacas de Bankia—, ha insistido en la necesidad de que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal analicen este informe para ver si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Itacyl. Sin embargo, tanto en el turno de réplica como en el dúplica el presidente del Consejo de Cuentas ha aclarado que el propio Ministerio Fiscal pidió en octubre el informe del órgano fiscalizador para abrir diligencias pre-procesales sobre la actividad del Itacyl en el caso concreto de los anticipos de caja fija, si bien el expediente de esa posible responsabilidad contable fue archivado con fecha de 10 de noviembre. Este ha sido uno de los principales asuntos surgidos del debate en las Cortes del Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl en 2011 en el que el presidente del Consejo de Cuentas ha reclamado a la Consejería de Agricultura que elabore una memoria técnica y económica que justifique los encargos que realiza al ente público y que permita decidir racionalmente si se deben realizar encomiendas de gestión o acudir directamente a la contratación con un tercero de dichos encargos ya que, en su opinión, la utilización de esa figura jurídica sólo busca flexibilizar los trámites que debe cumplir la contratación pública. Así y tras advertir del incumplimiento de la ley en este precepto -la Consejería ha apelado a razones de eficacia o de falta de medios técnicos idóneos—, Encabo ha explicado que el Itacyl contrata con terceros "la parte más significativa" de sus actividades mientras que utiliza sus propios medios para las actuaciones preparatorias para iniciar los expedientes de contratación a lo que ha añadido que el grado de ejecución de esas encomiendas de gestión fue del 1,21 por ciento en 2011 frente al 86,12 por ciento de las que se encargaron en 2007, por ejemplo. Futuro análisis de las encomiendas de gestión De hecho, Encabo ha evidenciado el incremento en todo el país de las encomiendas de gestión de las administraciones generales a los entes públicos en un "afán", a su juicio, por eludir la contratación administrativa hasta el punto que en el año 2013 se han registrado 2031 encomiendas de este tipo (983 en Andalucía o 48 en Castilla y León) por valor de 1.600 millones de euros, por lo que ha propuesto que el Plan Anual de Fiscalización que deben aprobar próximamente las Cortes incluya un análisis más detenido de esta práctica en pro de un control más riguroso, como contempla la propia ley regional aprobada en septiembre. En su opinión, la Junta encomienda al Itacyl funciones que, según la legislación estatal, deberíasn reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma para asegurar la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Sector Públicos. Respecto al asunto de los anticipos de caja fija, el informe del Consejo de Cuentas advierte de pagos a un mismo acreedor que, por su importancia, podrían haber sido objeto de procedimiento de licitación por lo que recomienda al Itacyl que evite este sistema para garantizar los principios de contratación. Del mismo modo, invita al Itacyl a tomar medidas eficaces para evitar la atomización de los pagos realizados en concepto de promoción de la marca 'Tierra de Sabor' con el establecimiento de criterios uniformes para la contratación de las diferentes actividades promocionales y su adecuado seguimiento a lo que ha añadido la necesidad de que la documentación de los expedientes y de los justificantes de gastos tengan "el suficiente grado de detalle" para conocer las prestaciones concretas contratadas. Por último, el órgano fiscalizador advierte de que los avales concedidos por el Itacyl en 2011 -cuatro operaciones por un millón de euros— no estaban respaldados por la Ley de Presupuestos de la Comunidad a lo que ha sumado la falta de control del riesgo vivo de los mismos con dos casos, Primayor Elaborados SLU y Proinserga, que no han cumplido sus obligaciones. En cuanto a las operaciones de endeudamiento, el Consejo de Cuentas ha detectado riesgos en la correcta tramitación del procedimiento en lo que respeta a la acreditación de la solvencia y la valoración de las solicitudes por parte de la Comisión Específica de Valoración y advierte de la falta de informes técnicos para la concesión de sendos préstamos por 855.000 euros a Embutidos Fermín y de 4,5 millones para Seda Solubles que se hicieron "al margen de la convocatoria pública". Para los socialistas, el Informe de Fiscalización de la gestión de Itacyl en 2011es la muestra del funcionamiento de la "administración B" de la Junta que pone "los pelos de punta" ante lo que ha ironizado sobre los motivos por los que el PP censuró la realización de este tipo de auditorías a otros órganos de la Administración autonómica. Desde las filas 'populares', el procurador Daniel Sobrados ha defendido la labor "ajustada a derecho" que lleva a cabo el Itacyl y, tras insistir en que Fiscalía no ha encontrado indicios de una responsabilidad contable por parte de este ente, ha aclarado que la carencia de un plan de actuaciones en 2011, que sí se hace en la actualidad, se debió a la situación entonces de la economía. "Respetamos su postura pero no la compartimos del todo", ha respondido Sobrados al presidente del Consejo de Cuentas, al que ha insistido en que no se puede considerar al Instituto Tecnológico Agrario como una administración pública sino como un poder adjudicador. Respecto a los dos préstamos concedidos al margen de la convocatoria pública, lo ha justificado en la necesidad de intervención inmediata en dos empresas estratégicas para la Comunidad que atravesaban por dificultades.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2354647/0/psoe-llevara-fiscalia-informe-gestion-itacyl-2011-para-buscar-responsabilidades/#xtor=AD-15&xts=467263

 


EUROPA PRESS. 22.01.2015 El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más". El PSOE llevará a Fiscalía el informe de gestión de Itacyl de 2011 para buscar responsabilidades Ampliar foto Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, José Francisco Martín, tras la presentación por parte del presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, de un informe que es público desde el pasado 8 de septiembre y en el que constan, según el procurador del PSOE, un pago de 43,20 euros con fecha de 14 de diciembre de 2011 al pub 'El 31' o tres cargos por alquiler de vehículo en enero de ese mismo año por 596,7, 634,84 y otros 634,84 euros, todos correspondientes a Tierra de Sabor. "¿Qué hace el Itacyl pagando reuniones de Tierra de Sabor en el Pub 'El 31'?", se ha preguntado Martín, quien, tras asemejar ese listado de facturas con otros de "determinadas tarjetas" —en referencia a las tarjetas opacas de Bankia—, ha insistido en la necesidad de que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal analicen este informe para ver si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Itacyl. Sin embargo, tanto en el turno de réplica como en el dúplica el presidente del Consejo de Cuentas ha aclarado que el propio Ministerio Fiscal pidió en octubre el informe del órgano fiscalizador para abrir diligencias pre-procesales sobre la actividad del Itacyl en el caso concreto de los anticipos de caja fija, si bien el expediente de esa posible responsabilidad contable fue archivado con fecha de 10 de noviembre. Este ha sido uno de los principales asuntos surgidos del debate en las Cortes del Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl en 2011 en el que el presidente del Consejo de Cuentas ha reclamado a la Consejería de Agricultura que elabore una memoria técnica y económica que justifique los encargos que realiza al ente público y que permita decidir racionalmente si se deben realizar encomiendas de gestión o acudir directamente a la contratación con un tercero de dichos encargos ya que, en su opinión, la utilización de esa figura jurídica sólo busca flexibilizar los trámites que debe cumplir la contratación pública. Así y tras advertir del incumplimiento de la ley en este precepto -la Consejería ha apelado a razones de eficacia o de falta de medios técnicos idóneos—, Encabo ha explicado que el Itacyl contrata con terceros "la parte más significativa" de sus actividades mientras que utiliza sus propios medios para las actuaciones preparatorias para iniciar los expedientes de contratación a lo que ha añadido que el grado de ejecución de esas encomiendas de gestión fue del 1,21 por ciento en 2011 frente al 86,12 por ciento de las que se encargaron en 2007, por ejemplo. Futuro análisis de las encomiendas de gestión De hecho, Encabo ha evidenciado el incremento en todo el país de las encomiendas de gestión de las administraciones generales a los entes públicos en un "afán", a su juicio, por eludir la contratación administrativa hasta el punto que en el año 2013 se han registrado 2031 encomiendas de este tipo (983 en Andalucía o 48 en Castilla y León) por valor de 1.600 millones de euros, por lo que ha propuesto que el Plan Anual de Fiscalización que deben aprobar próximamente las Cortes incluya un análisis más detenido de esta práctica en pro de un control más riguroso, como contempla la propia ley regional aprobada en septiembre. En su opinión, la Junta encomienda al Itacyl funciones que, según la legislación estatal, deberíasn reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma para asegurar la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Sector Públicos. Respecto al asunto de los anticipos de caja fija, el informe del Consejo de Cuentas advierte de pagos a un mismo acreedor que, por su importancia, podrían haber sido objeto de procedimiento de licitación por lo que recomienda al Itacyl que evite este sistema para garantizar los principios de contratación. Del mismo modo, invita al Itacyl a tomar medidas eficaces para evitar la atomización de los pagos realizados en concepto de promoción de la marca 'Tierra de Sabor' con el establecimiento de criterios uniformes para la contratación de las diferentes actividades promocionales y su adecuado seguimiento a lo que ha añadido la necesidad de que la documentación de los expedientes y de los justificantes de gastos tengan "el suficiente grado de detalle" para conocer las prestaciones concretas contratadas. Por último, el órgano fiscalizador advierte de que los avales concedidos por el Itacyl en 2011 -cuatro operaciones por un millón de euros— no estaban respaldados por la Ley de Presupuestos de la Comunidad a lo que ha sumado la falta de control del riesgo vivo de los mismos con dos casos, Primayor Elaborados SLU y Proinserga, que no han cumplido sus obligaciones. En cuanto a las operaciones de endeudamiento, el Consejo de Cuentas ha detectado riesgos en la correcta tramitación del procedimiento en lo que respeta a la acreditación de la solvencia y la valoración de las solicitudes por parte de la Comisión Específica de Valoración y advierte de la falta de informes técnicos para la concesión de sendos préstamos por 855.000 euros a Embutidos Fermín y de 4,5 millones para Seda Solubles que se hicieron "al margen de la convocatoria pública". Para los socialistas, el Informe de Fiscalización de la gestión de Itacyl en 2011es la muestra del funcionamiento de la "administración B" de la Junta que pone "los pelos de punta" ante lo que ha ironizado sobre los motivos por los que el PP censuró la realización de este tipo de auditorías a otros órganos de la Administración autonómica. Desde las filas 'populares', el procurador Daniel Sobrados ha defendido la labor "ajustada a derecho" que lleva a cabo el Itacyl y, tras insistir en que Fiscalía no ha encontrado indicios de una responsabilidad contable por parte de este ente, ha aclarado que la carencia de un plan de actuaciones en 2011, que sí se hace en la actualidad, se debió a la situación entonces de la economía. "Respetamos su postura pero no la compartimos del todo", ha respondido Sobrados al presidente del Consejo de Cuentas, al que ha insistido en que no se puede considerar al Instituto Tecnológico Agrario como una administración pública sino como un poder adjudicador. Respecto a los dos préstamos concedidos al margen de la convocatoria pública, lo ha justificado en la necesidad de intervención inmediata en dos empresas estratégicas para la Comunidad que atravesaban por dificultades.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2354647/0/psoe-llevara-fiscalia-informe-gestion-itacyl-2011-para-buscar-responsabilidades/#xtor=AD-15&xts=467263
EUROPA PRESS. 22.01.2015 El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más". El PSOE llevará a Fiscalía el informe de gestión de Itacyl de 2011 para buscar responsabilidades Ampliar foto Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, José Francisco Martín, tras la presentación por parte del presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, de un informe que es público desde el pasado 8 de septiembre y en el que constan, según el procurador del PSOE, un pago de 43,20 euros con fecha de 14 de diciembre de 2011 al pub 'El 31' o tres cargos por alquiler de vehículo en enero de ese mismo año por 596,7, 634,84 y otros 634,84 euros, todos correspondientes a Tierra de Sabor. "¿Qué hace el Itacyl pagando reuniones de Tierra de Sabor en el Pub 'El 31'?", se ha preguntado Martín, quien, tras asemejar ese listado de facturas con otros de "determinadas tarjetas" —en referencia a las tarjetas opacas de Bankia—, ha insistido en la necesidad de que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal analicen este informe para ver si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Itacyl. Sin embargo, tanto en el turno de réplica como en el dúplica el presidente del Consejo de Cuentas ha aclarado que el propio Ministerio Fiscal pidió en octubre el informe del órgano fiscalizador para abrir diligencias pre-procesales sobre la actividad del Itacyl en el caso concreto de los anticipos de caja fija, si bien el expediente de esa posible responsabilidad contable fue archivado con fecha de 10 de noviembre. Este ha sido uno de los principales asuntos surgidos del debate en las Cortes del Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl en 2011 en el que el presidente del Consejo de Cuentas ha reclamado a la Consejería de Agricultura que elabore una memoria técnica y económica que justifique los encargos que realiza al ente público y que permita decidir racionalmente si se deben realizar encomiendas de gestión o acudir directamente a la contratación con un tercero de dichos encargos ya que, en su opinión, la utilización de esa figura jurídica sólo busca flexibilizar los trámites que debe cumplir la contratación pública. Así y tras advertir del incumplimiento de la ley en este precepto -la Consejería ha apelado a razones de eficacia o de falta de medios técnicos idóneos—, Encabo ha explicado que el Itacyl contrata con terceros "la parte más significativa" de sus actividades mientras que utiliza sus propios medios para las actuaciones preparatorias para iniciar los expedientes de contratación a lo que ha añadido que el grado de ejecución de esas encomiendas de gestión fue del 1,21 por ciento en 2011 frente al 86,12 por ciento de las que se encargaron en 2007, por ejemplo. Futuro análisis de las encomiendas de gestión De hecho, Encabo ha evidenciado el incremento en todo el país de las encomiendas de gestión de las administraciones generales a los entes públicos en un "afán", a su juicio, por eludir la contratación administrativa hasta el punto que en el año 2013 se han registrado 2031 encomiendas de este tipo (983 en Andalucía o 48 en Castilla y León) por valor de 1.600 millones de euros, por lo que ha propuesto que el Plan Anual de Fiscalización que deben aprobar próximamente las Cortes incluya un análisis más detenido de esta práctica en pro de un control más riguroso, como contempla la propia ley regional aprobada en septiembre. En su opinión, la Junta encomienda al Itacyl funciones que, según la legislación estatal, deberíasn reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma para asegurar la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Sector Públicos. Respecto al asunto de los anticipos de caja fija, el informe del Consejo de Cuentas advierte de pagos a un mismo acreedor que, por su importancia, podrían haber sido objeto de procedimiento de licitación por lo que recomienda al Itacyl que evite este sistema para garantizar los principios de contratación. Del mismo modo, invita al Itacyl a tomar medidas eficaces para evitar la atomización de los pagos realizados en concepto de promoción de la marca 'Tierra de Sabor' con el establecimiento de criterios uniformes para la contratación de las diferentes actividades promocionales y su adecuado seguimiento a lo que ha añadido la necesidad de que la documentación de los expedientes y de los justificantes de gastos tengan "el suficiente grado de detalle" para conocer las prestaciones concretas contratadas. Por último, el órgano fiscalizador advierte de que los avales concedidos por el Itacyl en 2011 -cuatro operaciones por un millón de euros— no estaban respaldados por la Ley de Presupuestos de la Comunidad a lo que ha sumado la falta de control del riesgo vivo de los mismos con dos casos, Primayor Elaborados SLU y Proinserga, que no han cumplido sus obligaciones. En cuanto a las operaciones de endeudamiento, el Consejo de Cuentas ha detectado riesgos en la correcta tramitación del procedimiento en lo que respeta a la acreditación de la solvencia y la valoración de las solicitudes por parte de la Comisión Específica de Valoración y advierte de la falta de informes técnicos para la concesión de sendos préstamos por 855.000 euros a Embutidos Fermín y de 4,5 millones para Seda Solubles que se hicieron "al margen de la convocatoria pública". Para los socialistas, el Informe de Fiscalización de la gestión de Itacyl en 2011es la muestra del funcionamiento de la "administración B" de la Junta que pone "los pelos de punta" ante lo que ha ironizado sobre los motivos por los que el PP censuró la realización de este tipo de auditorías a otros órganos de la Administración autonómica. Desde las filas 'populares', el procurador Daniel Sobrados ha defendido la labor "ajustada a derecho" que lleva a cabo el Itacyl y, tras insistir en que Fiscalía no ha encontrado indicios de una responsabilidad contable por parte de este ente, ha aclarado que la carencia de un plan de actuaciones en 2011, que sí se hace en la actualidad, se debió a la situación entonces de la economía. "Respetamos su postura pero no la compartimos del todo", ha respondido Sobrados al presidente del Consejo de Cuentas, al que ha insistido en que no se puede considerar al Instituto Tecnológico Agrario como una administración pública sino como un poder adjudicador. Respecto a los dos préstamos concedidos al margen de la convocatoria pública, lo ha justificado en la necesidad de intervención inmediata en dos empresas estratégicas para la Comunidad que atravesaban por dificultades.

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EUROPA PRESS. 22.01.2015 El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más". El PSOE llevará a Fiscalía el informe de gestión de Itacyl de 2011 para buscar responsabilidades Ampliar foto Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, José Francisco Martín, tras la presentación por parte del presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, de un informe que es público desde el pasado 8 de septiembre y en el que constan, según el procurador del PSOE, un pago de 43,20 euros con fecha de 14 de diciembre de 2011 al pub 'El 31' o tres cargos por alquiler de vehículo en enero de ese mismo año por 596,7, 634,84 y otros 634,84 euros, todos correspondientes a Tierra de Sabor. "¿Qué hace el Itacyl pagando reuniones de Tierra de Sabor en el Pub 'El 31'?", se ha preguntado Martín, quien, tras asemejar ese listado de facturas con otros de "determinadas tarjetas" —en referencia a las tarjetas opacas de Bankia—, ha insistido en la necesidad de que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal analicen este informe para ver si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Itacyl. Sin embargo, tanto en el turno de réplica como en el dúplica el presidente del Consejo de Cuentas ha aclarado que el propio Ministerio Fiscal pidió en octubre el informe del órgano fiscalizador para abrir diligencias pre-procesales sobre la actividad del Itacyl en el caso concreto de los anticipos de caja fija, si bien el expediente de esa posible responsabilidad contable fue archivado con fecha de 10 de noviembre. Este ha sido uno de los principales asuntos surgidos del debate en las Cortes del Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl en 2011 en el que el presidente del Consejo de Cuentas ha reclamado a la Consejería de Agricultura que elabore una memoria técnica y económica que justifique los encargos que realiza al ente público y que permita decidir racionalmente si se deben realizar encomiendas de gestión o acudir directamente a la contratación con un tercero de dichos encargos ya que, en su opinión, la utilización de esa figura jurídica sólo busca flexibilizar los trámites que debe cumplir la contratación pública. Así y tras advertir del incumplimiento de la ley en este precepto -la Consejería ha apelado a razones de eficacia o de falta de medios técnicos idóneos—, Encabo ha explicado que el Itacyl contrata con terceros "la parte más significativa" de sus actividades mientras que utiliza sus propios medios para las actuaciones preparatorias para iniciar los expedientes de contratación a lo que ha añadido que el grado de ejecución de esas encomiendas de gestión fue del 1,21 por ciento en 2011 frente al 86,12 por ciento de las que se encargaron en 2007, por ejemplo. Futuro análisis de las encomiendas de gestión De hecho, Encabo ha evidenciado el incremento en todo el país de las encomiendas de gestión de las administraciones generales a los entes públicos en un "afán", a su juicio, por eludir la contratación administrativa hasta el punto que en el año 2013 se han registrado 2031 encomiendas de este tipo (983 en Andalucía o 48 en Castilla y León) por valor de 1.600 millones de euros, por lo que ha propuesto que el Plan Anual de Fiscalización que deben aprobar próximamente las Cortes incluya un análisis más detenido de esta práctica en pro de un control más riguroso, como contempla la propia ley regional aprobada en septiembre. En su opinión, la Junta encomienda al Itacyl funciones que, según la legislación estatal, deberíasn reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma para asegurar la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Sector Públicos. Respecto al asunto de los anticipos de caja fija, el informe del Consejo de Cuentas advierte de pagos a un mismo acreedor que, por su importancia, podrían haber sido objeto de procedimiento de licitación por lo que recomienda al Itacyl que evite este sistema para garantizar los principios de contratación. Del mismo modo, invita al Itacyl a tomar medidas eficaces para evitar la atomización de los pagos realizados en concepto de promoción de la marca 'Tierra de Sabor' con el establecimiento de criterios uniformes para la contratación de las diferentes actividades promocionales y su adecuado seguimiento a lo que ha añadido la necesidad de que la documentación de los expedientes y de los justificantes de gastos tengan "el suficiente grado de detalle" para conocer las prestaciones concretas contratadas. Por último, el órgano fiscalizador advierte de que los avales concedidos por el Itacyl en 2011 -cuatro operaciones por un millón de euros— no estaban respaldados por la Ley de Presupuestos de la Comunidad a lo que ha sumado la falta de control del riesgo vivo de los mismos con dos casos, Primayor Elaborados SLU y Proinserga, que no han cumplido sus obligaciones. En cuanto a las operaciones de endeudamiento, el Consejo de Cuentas ha detectado riesgos en la correcta tramitación del procedimiento en lo que respeta a la acreditación de la solvencia y la valoración de las solicitudes por parte de la Comisión Específica de Valoración y advierte de la falta de informes técnicos para la concesión de sendos préstamos por 855.000 euros a Embutidos Fermín y de 4,5 millones para Seda Solubles que se hicieron "al margen de la convocatoria pública". Para los socialistas, el Informe de Fiscalización de la gestión de Itacyl en 2011es la muestra del funcionamiento de la "administración B" de la Junta que pone "los pelos de punta" ante lo que ha ironizado sobre los motivos por los que el PP censuró la realización de este tipo de auditorías a otros órganos de la Administración autonómica. Desde las filas 'populares', el procurador Daniel Sobrados ha defendido la labor "ajustada a derecho" que lleva a cabo el Itacyl y, tras insistir en que Fiscalía no ha encontrado indicios de una responsabilidad contable por parte de este ente, ha aclarado que la carencia de un plan de actuaciones en 2011, que sí se hace en la actualidad, se debió a la situación entonces de la economía. "Respetamos su postura pero no la compartimos del todo", ha respondido Sobrados al presidente del Consejo de Cuentas, al que ha insistido en que no se puede considerar al Instituto Tecnológico Agrario como una administración pública sino como un poder adjudicador. Respecto a los dos préstamos concedidos al margen de la convocatoria pública, lo ha justificado en la necesidad de intervención inmediata en dos empresas estratégicas para la Comunidad que atravesaban por dificultades.

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EUROPA PRESS. 22.01.2015 El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más". El PSOE llevará a Fiscalía el informe de gestión de Itacyl de 2011 para buscar responsabilidades Ampliar foto Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, José Francisco Martín, tras la presentación por parte del presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, de un informe que es público desde el pasado 8 de septiembre y en el que constan, según el procurador del PSOE, un pago de 43,20 euros con fecha de 14 de diciembre de 2011 al pub 'El 31' o tres cargos por alquiler de vehículo en enero de ese mismo año por 596,7, 634,84 y otros 634,84 euros, todos correspondientes a Tierra de Sabor. "¿Qué hace el Itacyl pagando reuniones de Tierra de Sabor en el Pub 'El 31'?", se ha preguntado Martín, quien, tras asemejar ese listado de facturas con otros de "determinadas tarjetas" —en referencia a las tarjetas opacas de Bankia—, ha insistido en la necesidad de que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal analicen este informe para ver si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Itacyl. Sin embargo, tanto en el turno de réplica como en el dúplica el presidente del Consejo de Cuentas ha aclarado que el propio Ministerio Fiscal pidió en octubre el informe del órgano fiscalizador para abrir diligencias pre-procesales sobre la actividad del Itacyl en el caso concreto de los anticipos de caja fija, si bien el expediente de esa posible responsabilidad contable fue archivado con fecha de 10 de noviembre. Este ha sido uno de los principales asuntos surgidos del debate en las Cortes del Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl en 2011 en el que el presidente del Consejo de Cuentas ha reclamado a la Consejería de Agricultura que elabore una memoria técnica y económica que justifique los encargos que realiza al ente público y que permita decidir racionalmente si se deben realizar encomiendas de gestión o acudir directamente a la contratación con un tercero de dichos encargos ya que, en su opinión, la utilización de esa figura jurídica sólo busca flexibilizar los trámites que debe cumplir la contratación pública. Así y tras advertir del incumplimiento de la ley en este precepto -la Consejería ha apelado a razones de eficacia o de falta de medios técnicos idóneos—, Encabo ha explicado que el Itacyl contrata con terceros "la parte más significativa" de sus actividades mientras que utiliza sus propios medios para las actuaciones preparatorias para iniciar los expedientes de contratación a lo que ha añadido que el grado de ejecución de esas encomiendas de gestión fue del 1,21 por ciento en 2011 frente al 86,12 por ciento de las que se encargaron en 2007, por ejemplo. Futuro análisis de las encomiendas de gestión De hecho, Encabo ha evidenciado el incremento en todo el país de las encomiendas de gestión de las administraciones generales a los entes públicos en un "afán", a su juicio, por eludir la contratación administrativa hasta el punto que en el año 2013 se han registrado 2031 encomiendas de este tipo (983 en Andalucía o 48 en Castilla y León) por valor de 1.600 millones de euros, por lo que ha propuesto que el Plan Anual de Fiscalización que deben aprobar próximamente las Cortes incluya un análisis más detenido de esta práctica en pro de un control más riguroso, como contempla la propia ley regional aprobada en septiembre. En su opinión, la Junta encomienda al Itacyl funciones que, según la legislación estatal, deberíasn reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma para asegurar la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Sector Públicos. Respecto al asunto de los anticipos de caja fija, el informe del Consejo de Cuentas advierte de pagos a un mismo acreedor que, por su importancia, podrían haber sido objeto de procedimiento de licitación por lo que recomienda al Itacyl que evite este sistema para garantizar los principios de contratación. Del mismo modo, invita al Itacyl a tomar medidas eficaces para evitar la atomización de los pagos realizados en concepto de promoción de la marca 'Tierra de Sabor' con el establecimiento de criterios uniformes para la contratación de las diferentes actividades promocionales y su adecuado seguimiento a lo que ha añadido la necesidad de que la documentación de los expedientes y de los justificantes de gastos tengan "el suficiente grado de detalle" para conocer las prestaciones concretas contratadas. Por último, el órgano fiscalizador advierte de que los avales concedidos por el Itacyl en 2011 -cuatro operaciones por un millón de euros— no estaban respaldados por la Ley de Presupuestos de la Comunidad a lo que ha sumado la falta de control del riesgo vivo de los mismos con dos casos, Primayor Elaborados SLU y Proinserga, que no han cumplido sus obligaciones. En cuanto a las operaciones de endeudamiento, el Consejo de Cuentas ha detectado riesgos en la correcta tramitación del procedimiento en lo que respeta a la acreditación de la solvencia y la valoración de las solicitudes por parte de la Comisión Específica de Valoración y advierte de la falta de informes técnicos para la concesión de sendos préstamos por 855.000 euros a Embutidos Fermín y de 4,5 millones para Seda Solubles que se hicieron "al margen de la convocatoria pública". Para los socialistas, el Informe de Fiscalización de la gestión de Itacyl en 2011es la muestra del funcionamiento de la "administración B" de la Junta que pone "los pelos de punta" ante lo que ha ironizado sobre los motivos por los que el PP censuró la realización de este tipo de auditorías a otros órganos de la Administración autonómica. Desde las filas 'populares', el procurador Daniel Sobrados ha defendido la labor "ajustada a derecho" que lleva a cabo el Itacyl y, tras insistir en que Fiscalía no ha encontrado indicios de una responsabilidad contable por parte de este ente, ha aclarado que la carencia de un plan de actuaciones en 2011, que sí se hace en la actualidad, se debió a la situación entonces de la economía. "Respetamos su postura pero no la compartimos del todo", ha respondido Sobrados al presidente del Consejo de Cuentas, al que ha insistido en que no se puede considerar al Instituto Tecnológico Agrario como una administración pública sino como un poder adjudicador. Respecto a los dos préstamos concedidos al margen de la convocatoria pública, lo ha justificado en la necesidad de intervención inmediata en dos empresas estratégicas para la Comunidad que atravesaban por dificultades. Consulta aquí más noticias de Valladolid. Ahorra hasta 500 € en el seguro de tu coche En otras webs Cómo aprendieron 18 idiomas estos gemelos ingleses (Babbel) El PP veta a Olga María Henao, la exnovia de Monago, en la Convención Nacional del partido (bolsamania.com) Tras una semana espectacular cómo leer los movimientos bruscos (Renta4.com) También te recomendamos Una ministra australiana pide ayuda en Twitter para encontrar su pendiente perdido (20Minutos.es) Jack Nicholson: recluido en su mansión y con miedo a morir solo (20Minutos.es) La Junta nombra a Carmen Cuello Pérez como nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer (20Minutos.es) Ignacio González: "Si los inmigrantes no aceptan nuestros principios habrá que expulsarlos" (20Minutos.es) Carlos Sáinz no se marca objetivos en su primer año en la Fórmula 1 - 20minutos.es (Deportes) recomendado por Noticias de Tu ciudad Valladolid Castilla y León Pedro Blázquez recibe el Premio Santos Villanueva al Mejor Liderazgo del Máster de la Cámara de Comercio de Valladolid 0 Cortadas ocho vías en CyL por nieve y hielo mientras que se necesitan cadenas en otras diez carreteras 0 FETE-UGT CyL exige a la Junta una Oferta de Empleo Público superior a las 400 plazas comprometidas por Mateos 0 WWF considera que el permiso de abandono de carroña "supone un ahorro" para los ganaderos de CyL y anima a solicitarlo 0 El tiempo en Valladolid Hoy 24 Jan Min -4° Max 7° 9 km/h 0 mm Mañana 25 Jan Min -2° Max 8° 12 km/h 0 mm Lunes 26 Jan Min -4° Max 7° 9 km/h 0 mm Martes 27 Jan Min -2° Max 8° 8 km/h 0 mm © tiempoytemperatura.es, FORECA Proporcionado por: Renfe ECO Poca actividad social ¿Qué es esto? 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EUROPA PRESS. 22.01.2015 El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más". El PSOE llevará a Fiscalía el informe de gestión de Itacyl de 2011 para buscar responsabilidades Ampliar foto Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, José Francisco Martín, tras la presentación por parte del presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, de un informe que es público desde el pasado 8 de septiembre y en el que constan, según el procurador del PSOE, un pago de 43,20 euros con fecha de 14 de diciembre de 2011 al pub 'El 31' o tres cargos por alquiler de vehículo en enero de ese mismo año por 596,7, 634,84 y otros 634,84 euros, todos correspondientes a Tierra de Sabor. "¿Qué hace el Itacyl pagando reuniones de Tierra de Sabor en el Pub 'El 31'?", se ha preguntado Martín, quien, tras asemejar ese listado de facturas con otros de "determinadas tarjetas" —en referencia a las tarjetas opacas de Bankia—, ha insistido en la necesidad de que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal analicen este informe para ver si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Itacyl. Sin embargo, tanto en el turno de réplica como en el dúplica el presidente del Consejo de Cuentas ha aclarado que el propio Ministerio Fiscal pidió en octubre el informe del órgano fiscalizador para abrir diligencias pre-procesales sobre la actividad del Itacyl en el caso concreto de los anticipos de caja fija, si bien el expediente de esa posible responsabilidad contable fue archivado con fecha de 10 de noviembre. Este ha sido uno de los principales asuntos surgidos del debate en las Cortes del Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl en 2011 en el que el presidente del Consejo de Cuentas ha reclamado a la Consejería de Agricultura que elabore una memoria técnica y económica que justifique los encargos que realiza al ente público y que permita decidir racionalmente si se deben realizar encomiendas de gestión o acudir directamente a la contratación con un tercero de dichos encargos ya que, en su opinión, la utilización de esa figura jurídica sólo busca flexibilizar los trámites que debe cumplir la contratación pública. Así y tras advertir del incumplimiento de la ley en este precepto -la Consejería ha apelado a razones de eficacia o de falta de medios técnicos idóneos—, Encabo ha explicado que el Itacyl contrata con terceros "la parte más significativa" de sus actividades mientras que utiliza sus propios medios para las actuaciones preparatorias para iniciar los expedientes de contratación a lo que ha añadido que el grado de ejecución de esas encomiendas de gestión fue del 1,21 por ciento en 2011 frente al 86,12 por ciento de las que se encargaron en 2007, por ejemplo. Futuro análisis de las encomiendas de gestión De hecho, Encabo ha evidenciado el incremento en todo el país de las encomiendas de gestión de las administraciones generales a los entes públicos en un "afán", a su juicio, por eludir la contratación administrativa hasta el punto que en el año 2013 se han registrado 2031 encomiendas de este tipo (983 en Andalucía o 48 en Castilla y León) por valor de 1.600 millones de euros, por lo que ha propuesto que el Plan Anual de Fiscalización que deben aprobar próximamente las Cortes incluya un análisis más detenido de esta práctica en pro de un control más riguroso, como contempla la propia ley regional aprobada en septiembre. En su opinión, la Junta encomienda al Itacyl funciones que, según la legislación estatal, deberíasn reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma para asegurar la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Sector Públicos. Respecto al asunto de los anticipos de caja fija, el informe del Consejo de Cuentas advierte de pagos a un mismo acreedor que, por su importancia, podrían haber sido objeto de procedimiento de licitación por lo que recomienda al Itacyl que evite este sistema para garantizar los principios de contratación. Del mismo modo, invita al Itacyl a tomar medidas eficaces para evitar la atomización de los pagos realizados en concepto de promoción de la marca 'Tierra de Sabor' con el establecimiento de criterios uniformes para la contratación de las diferentes actividades promocionales y su adecuado seguimiento a lo que ha añadido la necesidad de que la documentación de los expedientes y de los justificantes de gastos tengan "el suficiente grado de detalle" para conocer las prestaciones concretas contratadas. 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Para los socialistas, el Informe de Fiscalización de la gestión de Itacyl en 2011es la muestra del funcionamiento de la "administración B" de la Junta que pone "los pelos de punta" ante lo que ha ironizado sobre los motivos por los que el PP censuró la realización de este tipo de auditorías a otros órganos de la Administración autonómica. Desde las filas 'populares', el procurador Daniel Sobrados ha defendido la labor "ajustada a derecho" que lleva a cabo el Itacyl y, tras insistir en que Fiscalía no ha encontrado indicios de una responsabilidad contable por parte de este ente, ha aclarado que la carencia de un plan de actuaciones en 2011, que sí se hace en la actualidad, se debió a la situación entonces de la economía. "Respetamos su postura pero no la compartimos del todo", ha respondido Sobrados al presidente del Consejo de Cuentas, al que ha insistido en que no se puede considerar al Instituto Tecnológico Agrario como una administración pública sino como un poder adjudicador. 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miércoles, 14 de enero de 2015

INFORME SITUACIÓN ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS

Desde la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de León se ha realizado un exhaustivo INFORME DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN con la única pretensión de dar a conocer, lo más fielmente posible, la situación administrativa en la que se encuentran los 1.490 funcionarios adscritos a la Delegación Territorial de León (Servicios Territoriales/Gerencias/Direcciones Provinciales), y por tanto encargados de prestar todos los Servicios Públicos dependientes de las nueve Consejerías en las que se estructura la Junta de Castilla y León, excluidos los servicios sanitarios asistenciales y los docentes.

 

Elaborado: Junta de Personal Funcionario Servicios Territoriales de León. Diciembre 14.

Agradecimientos:

-        Dirección General de Función Pública.

-        Delegación, Servicios Territoriales y Organismos Autónomos de León.

-        Miembros de la Junta de Personal Funcionario de los SS. TT. de León.

RESUMEN DE PRENSA

Pago extra 2012

Los trabajadores de la Junta cobrarán este mes entre 139 y 326 euros de la extra de 2012

 
Pablo Álvarez - miércoles, 14 de enero de 2015
 Se realizará como un ingreso dentro de la nómina de enero de forma automática a toda la plantilla que tenía derecho, aunque estén jubilados o ya no trabajen en la administración

La cuesta de enero será menos pronunciada para unos  80.000  funcionarios de la Junta de Castilla y León pues cobrarán en la nómina de este mes la parte de la paga extra pendiente de ingresar de 2012, cuando el mes de diciembre sí se les hizo cuesta arriba por la medida impuesta desde el Ministerio de Hacienda. 
 
Cada empleado público cobrará entre 139 y 326 euros euros, en función de su categoría profesional, siempre y cuando hubieran trabajado el año 2012 completo. Esta cantidad , siempre orientativa, se reduce en el caso de que no completasen el ejercicio dentro de la plantilla de la Administración regional. La suma total del pago de esa parte de la extra asciende a 27 millones de euros, que se suman a los 23 ya abonados en mayo del año pasado por la Junta de Castilla y León tras el acuerdo entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos en la Mesa de la Función Pública el 15 de abril de 2014. 
 
La retribución de esa parte de la extra corresponde al 55 por ciento que quedaba pendiente de aquella primera fracción de la extra. Los empleados público en activo lo cobrarán directamente en la nómina de este mes, que se ingresará entre los días 28 y 29, como es habitual. Para que cada uno se haga sus propios cálculos será  un diez por ciento más de lo que ingresaron el pasado mayo. 
 
Sale de ojo que el reintegro de la extra no será completo. Se trata de los 44 días a los que tenían derecho porque la norma que suprimía la paga extra de diciembre de 2012 entró en vigor a mediados de julio y los derechos generados comenzaban a contar en junio. 
 
Los tribunales ya dieron la razón a los trabajadores que lo recurrieron y ante esta circunstancia, la Junta, en contra del criterio del Gobierno, decidió alcanzar un acuerdo con los sindicatos para acelerar la devolución y evitar pleitos, con sus respectivos costes. 
 
Constitucional. No obstante, todavía está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso sobre el pago de la extra completa de 2012 que reclaman los sindicatos por considerar que la medida del Ministerio de Hacienda no se ajusta al derecho. 
 
El abono de parte proporcional de la paga extra afecta al personal dependiente de la Administración regional y los organismos autónomos, tanto funcionarios como laborales, pero también a los empleados de las universidades públicas y los centros educativos concertados. 
 
En el caso de los trabajadores de la administración general del Estado, que incluyen cuerpos y fuerzas de seguridad, el Ejéricto personal de la Seguridad Social la Agencia Tributaria o emplados de las delegaciones del Gobierno que hayan cambiado de destino desde 2012, tendrán que solictarlo a través de una herramienta habilitada en la web del Ministerio de Hacienda. Para ello tendrán que acceder a la sede electrónica de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas y en el portal de Intranet de los empleados públicos Funciona.
 
La secretaria de Función Pública de UGT en Castilla y León, Carmen Ámez, critica la actitud mostrada por el Ministerio de Hacienda y en especial su titular, Cristóbal Montoro, en este tema. «Se ha estado jugando con los derechos de los empleados públicos con una actitud que parece que regala algo, pero no da nada, hace lo que la ley le obliga. Les corresponde a los trabajadores y se lo quitó en 2012», sentenció. 

lunes, 29 de diciembre de 2014

EMPLEADOS PÚBLICOS 2014



El número de empleados públicos se eleva hasta los 29.723 en la provincia

La Junta aumentó su plantilla en 214 personas entre enero y julio, en 1.651 lo hizo la administración local y en 468 las universidades; en la AGE cae en 1.162

leonoticias.com

29/12/2014 (19:02 horas)

El número de empleados públicos se situó en Castilla y León en julio en 165.048 trabajadores, 1.171 más que seis meses antes, con un incremento porcentual del 0,7 por ciento. Así aparece recogido en el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, donde se precisa que la Administración del Estado empleaba a 37.531 personas en la Comunidad, con un descenso del tres por ciento respecto al arranque de 2014 (1.162 menos); y la Junta, a 84.761, un 0,25 por ciento más (214 empleados de incremento).

Asimismo, las universidades elevaron su plantilla en 468 empleados, el 5,4 por ciento, hasta los 8.736 trabajadores. Por el contrario, la administración local contaba con 34.020 empleados, un 5,1 por ciento más que seis meses antes, que se traduce en 1.651 nuevas contrataciones.

El documento recogido por Ical, refleja que en julio de 2014, la provincia con un mayor número de empleados públicos era Valladolid, con 35.493, con un descenso del 0,6 por ciento. También bajó en Burgos, hasta los 23.092 trabajadores, y en Segovia, con 11.794 en total, con un 0,6 y un 0,1 por ciento, respectivamente.

Por el contrario, aumentó en el resto, con un 1,35 por ciento más en Ávila (11.054 personas); un 0,9 por ciento en León (29.723); un 1,8 en Palencia (10.692); un 1,7 por ciento en Salamanca (23.960); un 1,8 por ciento en Soria (7.932); y un 3,6 por ciento en Zamora (11.308).
La distribución de efectivos estatales en la Comunidad se concentraba en la Administración General del Estado, con 12.699, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 9.517 empleados; las Fuerzas Armadas, 9.622; la Administración de Justicia, 3.821; y los entes públicos, 1.872.

En cuanto a la Administración autonómica, las consejerías y sus organismos acumulan 20.430 empleados; la docencia no universitaria se dedican 30.656 personas; y a las instituciones sanitarias, 33.675. 

viernes, 19 de diciembre de 2014

Denuncia contra la Junta y la Agencia de Innovación

Denuncia presentada por los sindicatos contra responsables de la ADE junto al cartel de acceso a la Fiscalía.
Todos los sindicatos denuncian ante la Fiscalía los “dedazos” ilegales en la ADE
Apuntan delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramientos ilegales, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos
últimoCero   Valladolid
:: Viernes, 19 de Diciembre de 2014 ::
 
Todos los sindicatos con representación en la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León han presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía contra los responsables de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial (ADE) por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramientos ilegales, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.
 
Los sindicatos instan a la Fiscalía a que investigue los “dedazos” presuntamente ilegales que han supuesto el acceso a la citada agencia de 84 trabajadores (la plantilla global es de 184), de los cuales, además, “tan sólo 80 aprobaron los procesos convocados”como ya adelantó últimoCero el pasado 9 de diciembre.
 
Las centrales sindicales entienden en su denuncia que “los trabajadores que han sido integrados en la nueva ADE (…) han sido nombrados presuntamente de manera ilegal”, ya que previamente no ha existido ni oferta de empleo público, ni convocatoria de oposición.
“Entendemos que, además de haberse generado unas asignaciones de puestos presuntamente nulas de pleno derecho, se podría estar incurriendo presuntamente en todos o algunos de los ilícitos penales contenidos en los artículos del Código Penal (404 prevaricación, 405 y 406 relativos al nombramiento ilegal), incluso en algunos casos que implican el ejercicio de autoridad y carácter oficial, que no han sido asignados a funcionarios, el de usurpación de funciones públicas contenido en el 402 del Código Penal”, se apunta textualmente en la denuncia a la que ha tenido acceso últimoCero (ver documento adjunto).http://www.ultimocero.com/articulo/todos-los-sindicatos-denuncian-ante-la-fiscal%C3%ADa-los-%E2%80%9Cdedazos%E2%80%9D-ilegales-la-ade
 
En la denuncia también se entiende que ha podido existir un presunto delito de malversación a la hora de integrar en la nueva ADE distintas empresas públicas y fundaciones “que se encontraban en situación de quiebra técnica” gracias a una decisión “que se aparta de lo previsto en la Ley” y “sustentada únicamente en mera voluntad de quien decide, pues esa empresa no desaparece, sino que se integra en la Administraciónasumiéndose con dinero público su difícil situación financiera y el personal y directivos que la condujeron a esa situación”.
 
Uno de los puntos clave de esta denuncia tiene que ver con que algunos de los puestos que ocupan los nombrados “a dedo” están reservados a los funcionarios y que ello implica una “usurpación de funciones”. Es el caso de determinadas plazas, como son las de Jefe de Área de Auditoría Interna, Secretario General, Jefe de Área de Administración, Jefe de Área de Asesoría Jurídica, responsable de unidad de recursos administrativos, así como directores territoriales de cada provincia de departamento y directores de departamento y de Área de servicios centrales”. “En los mencionados puestos (todos ellos de libre designación y por lo tanto reservados a funcionarios) se ejercitan actos propios de autoridad o funcionarios derivadas de la concesión y gestión de subvenciones y ayudas públicas, actividad fundamental de la Agencia”.
 
En este apartado también se denuncia que el Consejero de Economía, Tomás Villanueva, ha otorgado un poder para representar a la Comunidad en los juicios a una abogada (Pilar Manteca) en lugar de a un funcionario del cuerpo de letrados de la Junta.
 
La denuncia de los sindicatos también se hace eco del documento publicado  el pasado 29 de noviembre por últimoCero en el que la Directora de la Agencia, sin ninguna obligación para hacerlo, ha decidido unilateralmente conceder una gratificación extraordinaria a los trabajadores consistente en una compensación de tiempo de descanso o dineraria, a elección del trabajador. “Entendemos que dicha decisión pudiera haber incurrido en presunta prevaricación”, se apunta en la denuncia.
 
Todos los sindicatos que componen la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León proponen a la Fiscalía distintas diligencias a practicar como es la obtención de la relación de aprobados para cada una de las plazas convocadas, la relación global de trabajadores de la Agencia, así como el poder notarial otorgado por el consejero a la letrada que no es funcionara, además de todos los actos emitidos por los jefes enchufados que, según entienden, no pueden ocupar sus cargos por no pertenecer al cuerpo de funcionarios.

El PSOE aprieta y pide al Consejo de Cuentas que fiscalice el “centro de la corrupción en Castilla y León”: la Administración B

Vuelve a intentar que el PP de el visto bueno a un control al que se ha venido negando en los últimos años
últimoCero  Valladolid
El PSOE ha vuelto a poner sobre la mesa una iniciativa para comprobar si las promesas de transparencia de las que presume la Junta, son ciertas. Ha presentado 15 enmiendas al Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León para el ejercicio 2015 para que se analicen las cuentas del que califican como “centro de la corrupción en Castilla y León durante muchos años: la Administración B”.
En concreto, las enmiendas presentadas, que otros años han sido rechazadas por el rodillo parlamentariio del PP, plantean una fiscalización adicional sobre el conglomerado de empresas públicas, entes y fundaciones que engrosan esa  “administración opaca que ha sido el centro de la corrupción durante muchos años en Castilla y León”. Los socialistas pretenden que el control se ejerza “tanto en la contratación de determinadas obras y servicios como en relación a los recursos humanos que han movido estas empresas públicas y fundaciones”.
Precisamente el jueves, los sindicatos que componen la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta han presentado una denuncia ante la fiscalía para que se investigue este último punto, como ya avanzó últimoCero.
En el paquete de enmiendas que presentan los socialistas también se solicita la Fiscalización de todos los contratos realizados en las diputaciones provinciales, de León y Salamanca (años 2010- 2014).  Ambas instituciones inmersas en escándalos derivados de la Operación Púnica (León) y la existencia de papeles que podrían demostrar la existencia de una financiación ilegal de las campañas electorales del PP salmantino.
Pero además, el PSOE regional persigue la fiscalización de contratos menores diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, así como la fiscalización de los contratos de obra pública para la construcción y explotación del Nuevo Hospital de Burgos y las contrataciones vinculadas a la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
Se trata también de conocer el impacto de las dos tramas de corrupción existentes en Castilla y León : Operación Púnica y Caso Gürtell, así como el resultado de un análisis pormenorizado de los  préstamos del Banco Europeo de Inversiones a ADE e ITACyL, dos de los entes que conforman esa “administración B” y que los socialistas están convencidos son “centro de la corrupción de Castilla y León durante muchos años”, ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Ana Redondo.

JPS formaliza ante la Fiscalía la denuncia contra la Junta y la Agencia de Innovación por prevaricación y malversación

lainformacion.com
viernes, 19/12/14 - 11:02
La Junta de Personal de Servicios Centrales (JPS) de la Junta de Castilla y León ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra responsables de la Administración regional y de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial de Castilla y León por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramiento ilegal, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.
 
 VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)
La Junta de Personal de Servicios Centrales (JPS) de la Junta de Castilla y León ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra responsables de la Administración regional y de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial de Castilla y León por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramiento ilegal, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.
El órgano colegiado de representación sindical de los funcionarios de los servicios centrales de la Administración Autonómica adoptó esta decisión en su reunión plenaria celebrada el pasado día 3 de diciembre y entonces ya anunció que se daba un plazo de quince días para redactar, tramitar y presentar la oportuna denuncia, que cumplimentó este jueves en el registro de la Fiscalía vallisoletana, según informan a Europa Press fuentes de la JPS.
En concreto, se denuncia la contratación en la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León de trabajadores sin cumplir ninguno de los requisitos exigibles para el acceso al empleo público: sin oferta de empleo público, sin publicación oficial de la convocatoria y sin la realización de una oposición o concurso-oposición o concurso de traslados para funcionarios y/o laborales de la Administración o, en su caso, concurso abierto a otras administraciones públicas, con respeto de los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad, así como publicidad oficial de las convocatorias.
Y es que, tal y como sostienen los denunciantes, en el presente caso se sustituyen los procedimientos legalmente previstos por "la arbitraria voluntad de quien realiza la asignación, lo que define la presunta conducta prevaricadora".
La denuncia refiere igualmente la asignación de trabajadores a puestos de libre designación sin cumplir las condiciones de fijeza en el puesto, derivadas del acceso al mismo mediante un procedimiento reglado, que exige la normativa de función pública. "Es una conducta que presuntamente tiene cabida en tipo penal de nombramiento ilegal, permitiendo que determinados puestos de dicha Administración sean ocupados por quienes la Ley no permite que los ocupen".
También se denuncia la presunta usurpación de funciones públicas en puestos reservados con carácter exclusivo para su ejercicio funcionarial, así como la presunta malversación de fondos públicos derivada de la retribución a directivos, libres designaciones y otros empleados del ente público Agencia de Innovación, no por desempeñar sus puestos tras superar las pruebas legalmente previstas, sino por mera liberalidad de los denunciados sin que exista ninguna obligación legal para ello.

El escrito que obra ya en poder del departamento de Esther Pérez Jerez se alude asimismo a la presunta malversación derivada de la decisión de asumir el déficit de empresas altamente endeudadas y en situación de quiebra técnica, contraviniendo para ello la normativa mercantil y de patrimonio de las administraciones públicas, junto con la presunta malversación de recursos públicos y presunta prevaricación derivada de la concesión a los trabajadores de la Agencia de gratificaciones extraordinarias no previstas en la Ley, en forma de días de descanso o compensación económica a elección del trabajador, sin que exista ninguna obligación legal o sentencia que obligue a hacerlo, como se reconoce expresamente de la comunicación efectuada por la directora general de la agencia a todos sus empleados.