miércoles, 2 de septiembre de 2015

Comparecencia Consejero Presidencia 1-9-15

La Consejería de la Presidencia desarrollará medidas de regeneración democrática y trabajará para culminar el modelo de ordenación territorial y modernizar la Función Pública

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, comparece en las Cortes para exponer el programa de legislatura. (Foto: Miriam Chacón)
De Santiago-Juárez anuncia que comenzarán de forma inmediata los trabajos de reforma del Estatuto de Autonomía para incorporar medidas de política social y fortalecimiento de entidades locales. Además, la Consejería elaborará proyectos de ley que abordarán la regulación de altos cargos, la modificación de la Ley de Gobierno, la atención y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, las unidades básicas de ordenación rurales y la modificación de la Ley de Régimen Local. El consejero de la Presidencia ha adelantado que este mes continuará el diálogo político sobre ordenación del territorio y que la Cooperación Económica General para las Entidades Locales tendrá una dotación presupuestaria de al menos 250 M€ -además de 43 M€ adicionales para planes de empleo- . Dentro de las nuevas competencias que adquiere este departamento para la presente legislatura, el consejero se ha comprometido a diseñar un nuevo modelo de Función Pública más eficiente y adaptada a los ciudadanos y a llevar a cabo una modernización y simplificación de la Administración.

1 de septiembre de 2015

Castilla y León | Consejería de la Presidencia

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha comparecido esta mañana en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para exponer las líneas de trabajo que su departamento desarrollará en esta legislatura. Los principales objetivos y también prioridades que esta consejería se fija para los próximos cuatro años son promover la reforma del Estatuto de Autonomía para introducir avances en materia social, corporaciones locales y calidad de la política; impulsar y hacer seguimiento de las medidas de regeneración democrática y calidad política; seguir consolidando el modelo de Gobierno Abierto con nuevas medidas de transparencia y participación ciudadana; modernizar la Administración e implantar medidas de simplificación administrativa; culminar el modelo de ordenación territorial desarrollándolo especialmente en el medio rural; mejorar la gobernanza y la financiación local en la Comunidad; mejorar y modernizar la Función Pública y continuar desarrollando políticas migratorias y de Cooperación para el Desarrollo.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se propone -y que impulsará la Consejería de la Presidencia, en trabajo conjunto con los grupos parlamentarios- tendrá como planteamiento fundamental introducir en el texto contenidos básicos sobre políticas sociales –inclusión del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, la Red de Protección a las personas y familias y suelo de gasto social-, el fortalecimiento de las Entidades Locales como prestadoras de servicios de proximidad y nuevas medidas de calidad democrática. De Santiago-Juárez ha propuesto a todos los grupos parlamentarios iniciar esta labor en la segunda quincena de septiembre.

Entre las líneas de trabajo fijadas por el presidente Herrera para esta legislatura se halla el impulso de nuevas normas que lleven a la práctica los principios de cercanía, austeridad y eficiencia de los responsables públicos, aumenten el control de su actividad y fortalezcan la participación social. La Consejería de la Presidencia prevé impulsar a este respecto tres normas con rango de Ley: el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración Autonómica –que se remitirá a las Cortes en menos de un año y también incluirá a altos directivos del sector público-, la modificación de la Ley de Gobierno y el Anteproyecto de Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo.

De Santiago-Juárez ha anticipado la inminente aprobación de una Acuerdo de Junta por el que se establecerá un código ético, de austeridad y buenas prácticas de sus altos cargos, que posteriormente formará parte de la regulación del desempeño del ejercicio de alto cargo. El titular de la Consejería de la Presidencia también ha recordado –tal y como anunció el presidente Herrera- que la modificación prevista de la Ley de Gobierno supondrá limitar a ocho años el desempeño del cargo de consejero e incluir la celebración periódica de consejos de dirección de las consejerías fuera de su sede ordinaria, recorriendo la Comunidad y reservando un tiempo para recoger sugerencias y propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales.

Transparencia y participación ciudadana

El Ejecutivo autonómico implantó en la pasada legislatura un modelo de Gobierno Abierto de referencia y completó la elaboración de una Ley de Transparencia y Participación Ciudadana –aprobada en marzo de 2015- más exigente que la norma estatal. Ahora, la Consejería de la Presidencia continuará potenciando el Portal de Gobierno Abierto de la Junta con nuevos contenidos: difundirá el Programa de Gobierno, su evolución anual y una evaluación de su cumplimiento y resultados y también, en relación con los servicios públicos, aportará la información estadística necesaria para valorar su calidad y grado de cumplimiento de objetivos.

La transparencia en el área económico-financiera adquirirá un mayor protagonismo. En materia de contratos, además de toda la información que ya se publica desde 2012 -importes de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado, número de licitadores, identidad del adjudicatario, etc.-, antes de finalizar 2015 se ampliará la información referente a los contratos menores; esto es, se ofrecerán cuantías y detalles. La Junta de Castilla y León rendirá cuentas sobre ejecución del Presupuesto, expondrá periódicamente los gastos en publicidad institucional y hará públicas las cuentas anuales que deban rendirse así como los informes de auditoría y fiscalización de los órganos externos de control.

Desde la Consejería de la Presidencia se continuará impulsando la participación ciudadana en la elaboración de anteproyectos de ley, proyectos de decreto, estrategias, planes y programas; continuará el fomento de la reutilización de información pública que permita la creación de servicios de valor añadido y que contribuya al impulso de la actividad económica; y se incrementará el número de conjuntos de datos abiertos puestos a disposición de la ciudadanía. Además, en los próximos meses la Junta habilitará una aplicación móvil que facilitará a los ciudadanos acceder a todas estas informaciones y a las utilidades de Gobierno Abierto y Comunicación. También se potenciará la iniciativa “Pregunta al Gobierno” como vía de interacción permanente y cercana entre la ciudadanía y los consejeros del Ejecutivo autonómico.

Ordenación territorial y financiación local

El modelo de ordenación del territorio de Castilla y León se diseñó y comenzó a desarrollarse en la pasada legislatura, con amplio consenso social y político. Este mes comenzarán los trabajos de la Consejería de la Presidencia con los representantes de los grupos parlamentarios para definir el Mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios en el Territorio rurales, que ordenarán el territorio en el que viven 900.000 castellanos y leoneses y serán la base para planificar el despliegue de los servicios que gestiona la Junta de Castilla y León. El primer borrador de este nuevo mapa se hará público en la página de Gobierno Abierto de la Junta antes de finalizar este mes de septiembre.

Una vez definidas las unidades básicas de ordenación rurales, se configurará el mapa de las Áreas Funcionales Estratégicas -áreas con mayores problemas económicos y demográficos, o afectadas por circunstancias de gravedad especial-. Al tiempo, se elaborará el Plan Plurianual de Convergencia Interior, que será el conjunto de programas específicos de desarrollo destinados a las Áreas Funcionales Estratégicas, y se nutrirá del Fondo Autonómico de Compensación Territorial que prevé el Estatuto de Autonomía.

De Santiago-Juárez ha indicado que, vinculado con el modelo de ordenación del territorio, surge el objetivo de seguir mejorando la gobernanza y la financiación local en Castilla y León. Y con ello se ha comprometido a destinar en el período 2015-2019 una cifra no inferior a 250 millones de euros para la Cooperación Económica General con las entidades locales. Además, en los proyectos de Presupuestos de esta legislatura se insertará una línea de cooperación específica y preferente a favor de las Mancomunidades de Interés General para incentivar su constitución y en este periodo se dispondrá de 43 millones de euros para medidas, planes o programas de empleo de las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes para hacer frente a los desafíos demográficos. El Gobierno de la Comunidad tiene previsto aprobar Fondo Autonómico de Compensación Territorial antes de finalizar 2016.

Una de las novedades en este ámbito será la modificación de la Ley de Régimen Local -antes de finalizar el segundo año de legislatura- para crear la Conferencia de Ciudades de Castilla y León como foro de coordinación territorial y, además, reforzar el papel de las Entidades Locales como prestadoras de servicios de proximidad e incorporar el Estatuto del Concejal.

Mejora y modernización de la Función Pública

En la presente legislatura, el Gobierno autonómico abordará una reforma en profundidad para mejorar y modernizar la Función Pública en Castilla y León, las condiciones laborales de los empleados públicos y poder prestar con ello un mejor servicio a los ciudadanos. En el primer año, se intentará alcanzar un gran acuerdo para mejorar las condiciones laborales e incrementar las expectativas de desarrollo profesional de este colectivo.

Desde la Consejería de la Presidencia se pretende una retirada progresiva de las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de la crisis –respetando la normativa estatal básica-; la reducción de la interinidad, el avance en la adecuación y racionalización de las estructuras tanto centrales como periféricas de la Administración de la Comunidad y de sus Relaciones de Puestos de Trabajo; la mejora de las condiciones de movilidad voluntaria; nuevos pasos en materia de conciliación de su vida personal, familiar y laboral; y seguir facilitando el acceso de las personas con Discapacidad al empleo público.

El Gobierno autonómico aprobará próximamente el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y potenciará la Escuela de Administración Pública de Castilla y León como centro de formación, investigación y estudio de referencia para los empleados públicos. De Santiago-Juárez también ha sostenido que la modificación prevista de la Ley de Gobierno permitirá, por un lado,  adaptar la redacción de su artículo 37 a la realidad actual de la Administración y, por otro, una mayor racionalidad, flexibilidad y eficiencia de los efectivos públicos.

Modernización de la Administración y simplificación administrativa

La Junta de Castilla y León está comprometida con la mejora y la modernización de la Administración y por ello adecuará y racionalizará las estructuras periféricas y centrales; fomentará la extensión de la Administración electrónica y de los procedimientos electrónicos; y el avance en la interoperabilidad entre las distintas Administraciones Públicas, de modo que los diferentes niveles administrativos no sean trabas para el ciudadano y estén siempre a su servicio. Un último aspecto destacado será el desarrollo de la relación entre Administración y ciudadanos aprovechando las posibilidades del uso de dispositivos móviles.

En este ámbito, el Plan de Digitalización y Modernización de las Oficinas de Registro facilitará la aplicación del principio “un solo documento, un solo registro” y contribuirá también al objetivo de alcanzar al final de la presente Legislatura una Administración autonómica de “papel cero” en su interacción con los ciudadanos. Junto a estos proyectos, la Consejería de la Presidencia continuará impulsando la calidad contrastada de las 20 Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano y el servicio de Atención al Ciudadano 012.

Además, nuevas medidas de simplificación administrativa de tercera generación llegarán en el primer trimestre de 2016: se aprobará un programa de reducción de cargas administrativas, reducción de plazos y mejora de procedimientos que pondrá las bases para que los nuevos procedimientos sean sencillos y ágiles, suprimiendo trámites y documentos innecesarios.
Colaboración con otras comunidades autónomas

El Gobierno Herrera va a seguir contribuyendo a que las comunidades autónomas sean modernas, eficaces, austeras, solidarias, comprometidas con el interés nacional y capaces de cooperar entre sí para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Una muestra tangible de ello es el historial de protocolos o convenios de colaboración con comunidades limítrofes, dirigidos especialmente a mejorar la prestación de los servicios públicos en los territorios de frontera en ámbitos como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la prevención y extinción de incendios o la Protección Civil.

Para continuar avanzando en el denominado por el presidente Herrera ‘autonomismo útil’, la Consejería de la Presidencia prevé renovar relaciones con esos gobiernos autonómicos, hacer una evaluación periódica de los protocolos suscritos, fomentar la participación de las Corporaciones Locales en su seguimiento y elaborar nuevos instrumentos de cooperación que puedan suscribirse. El departamento que dirige José Antonio de Santiago-Juárez va a impulsar alianzas estratégicas interautonómicas en aquellas áreas donde se compartan con otras comunidades recursos o intereses que puedan contribuir al progreso común.

Actividad política en Europa y II Agenda de Acción Exterior de Castilla y León

Castilla y León continuará participando en redes y plataformas de cooperación con las regiones europeas con las que se comparten intereses, retos y preocupaciones comunes. A este respecto, De Santiago-Juárez ha anunciado que la Junta de Castilla y León trabajará para presentar en el Comité de las Regiones un Dictamen sobre los desafíos demográficos a los que se enfrentan las regiones europeas e intentando alcanzar, a su vez, primero una posición de Comunidad con todos los grupos parlamentarios de las Cortes y, segundo, un gran acuerdo con todas las Comunidades Autónomas españolas que de forma más intensa están afectadas por este problema.

El consejero ha hecho alusión a la Macrorregión “Regiones del Sudoeste Europeo” para anticipar que a partir de enero de 2016 se promoverá la aprobación de una Estrategia Macrorregional que definirá las principales líneas de actuación y facilitará la elaboración de proyectos conjuntos en las áreas clave, como el transporte y la logística en el “Corredor Atlántico”.

La II Agenda de Acción Exterior estará aprobada antes de finalizar 2016 y tendrá como objetivo fomentar la presencia cultural, económica y social de Castilla y León en el exterior, de modo que todas las acciones emprendidas desde cualquier ámbito de la Administración de la Comunidad sigan respondiendo a una misma estrategia  y su eficiencia e impacto sean mayores. En ella se incluirán las principales prioridades de Castilla y León ante la Unión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020. El Gobierno autonómico continuará su acción política ante las instituciones europeas, especialmente en las Comisiones y grupos de trabajo de la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, en las formaciones de los Consejos de ministros europeos abiertas a la participación de las comunidades autónomas y, por supuesto, en el Comité de las Regiones.

Políticas migratorias y Cooperación para el Desarrollo

El consejero de la Presidencia ha afirmado que el III Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León 2014-2017 permitirá una acción integral desde todas las áreas de la Administración de la Comunidad para asegurar el acceso de los inmigrantes, en igualdad de condiciones, a los servicios básicos para la ciudadanía. De Santiago-Juárez ha manifestado que “la mejor fórmula de integración social, también para este colectivo, es el empleo” y a continuación ha aseverado que la Junta de Castilla y León seguirá trabajando de la mano del Diálogo Social en el marco del Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante.

Desde la Consejería de la Presidencia se regulará y se desarrollará la acreditación de los Centros Integrales de Inmigración como centros de información, asesoramiento, participación y aprendizaje destinados a la acogida e integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. Asimismo, se continuará apoyando a las asociaciones de inmigrantes y entidades sin ánimo de lucro en proyectos de integración, participación, sensibilización, aprendizaje del castellano y promoción de la interculturalidad.

Con el II Plan Estratégico de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior 2015-2018 se potenciarán la Oficina de Retorno y el apoyo a las asociaciones de retornados, se mantendrán las ayudas económicas a ciudadanos de origen castellano y leonés residentes en el exterior en situación de necesidad y se reorientará la convocatoria, iniciada hace dos años, que hasta el momento se dirigía a los emigrantes retornados, para atender las necesidades reales de aquellos castellanos y leoneses, especialmente jóvenes, que deseen retornar a la Comunidad. Se desarrollará el Registro de Comunidades Castellanas y Leonesas en el exterior, entidades que se potenciarán como agentes de la Comunidad en el exterior.

Finalmente, la Consejería de la Presidencia también aprobará el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2016-2020, que estará alineado con la nueva agenda internacional de desarrollo y que apostará por la concentración geográfica y sectorial de las ayudas.


*Se adjunta texto íntegro de la comparecencia

jueves, 20 de agosto de 2015

Funcionarias tendrán permiso pagado desde la semana 37 de embarazo


 Las funcionarias tendrán permiso pagado desde la semana 37 de embarazo

La iniciativa, vigente a partir de 2016, se añade a otras medidas positivas para la función pública como la devolución del tercer día de asuntos propios


Europa Press

19/08/2015 (19:15 horas)

Las funcionarias del Estado gozarán de permisos retribuidos desde la semana 37 de gestación y hasta el día del parto a partir del año que viene, tal y como ha anunciado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como medida de apoyo a la familia.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, Beteta ha señalado que una "inclusión importante y novedosa" en las cuentas del año que viene es este nuevo permiso retribuido, que beneficiará a las empleadas públicas en el "último periodo del embarazo, que suele ser el más complicado".

Además, ha recordado otras medidas positivas para la función pública que se incluyen en los Presupuestos de 2016, como la devolución del tercer día de asuntos propios (los llamados 'moscosos') que faltaba por recuperar desde 2012 y hasta los tres 'canosos' que se conceden a los funcionarios en función de su antigüedad.

Más dinero

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ya anunció el acuerdo alcanzado con las centrales sindicales para "poner fin a la congelación salarial" que ha afectado a los funcionarios en los últimos cinco años mediante una subida de sus retribuciones del 1% "en consonancia con las mejoras económicas".

En este sentido, Beteta ha cifrado en 180 millones de euros el coste de esta decisión para el Estado y de 883 millones de euros para todas las administraciones públicas, ya que esta decisión de aumento salarial es "normativa básica y de obligado cumplimiento" para todos los niveles de la Administración.

A esto se sumarán los 2.562 millones de euros que costará la devolución del 50% de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 que se suspendió, una medida "básica potestativa", es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicar o no "según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales". Al Estado, eso sí, le costará 547 millones, que se aplicarán ya en la nómina del mes de enero de 2016, según ha precisado Beteta en declaraciones a los medios.

Con esa devolución, los funcionarios habrán recuperado la totalidad de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012, ya que recibieron una cuarta parte en enero de 2015 y obtendrán el restante 25% antes de que finalice este ejercicio -septiembre u octubre, previsiblemente-, con un coste de 274 millones para el Estado y de 1.281 millones para el conjunto de las administraciones.

"Así se pone fin a una medida difícil tomada en un contexto difícil para evitar medidas aún más difíciles", ha dicho Beteta, recordando por último que la tasa de reposición en la Función Pública pasará del 0% general de los últimos ejercicios al 50% e incluso al 100% en "sectores prioritarios" como el de lucha contra el fraude fiscal, el docente o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Agradecimiento a los funcionarios

Por último, el secretario de Estado ha puesto en valor el esfuerzo realizado por los funcionarios españoles durante estos años de "dificultades" y les ha agradecido que hayan "estado siempre ahí para servir, con la difícil grandeza de asumir que en ocasiones se les iba a exigir lo inimaginable". Un colectivo que, "en estos años tan complicados", se ha "mantenido firme, sirviendo al país y dando lo mejor de sí mismos", gracias a lo cual "hoy en España hay más crecimiento, prosperidad y acelerada creación de empleo".

"Soy muy consciente de cómo se han sentido estos años y, por eso, el Gobierno quiere devolver lo que la crisis temporalmente suspendió y, más importante, quiere reconocer a la función pública por haber servido con esa profesionalidad y rigor en los momentos más difíciles", ha zanjado Beteta.

Por último, el responsable de Administraciones Públicas ha cifrado en 141.033 personas el recorte desde enero de 2012 a enero de 2015 de la plantilla pública, que ha quedado en 2,54 millones de trabajadores, un 5,5% menos que al inicio de la legislatura. Un ajuste que "se ha producido sólo por jubilaciones".

jueves, 30 de julio de 2015

1% subida salarial

http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/salario-funcionarios-subira-1-recuperaran-toda-extra-2016_997603.HTML

El salario de los funcionarios subirá un 1% y recuperarán toda la extra en 2016

En septiembre recibirán otro 25% de la extra suprimida y la tasa de reposición será del 50%.

    amparo estrada | madrid 31/07/2015
    A unos meses de las elecciones, el Gobierno quiere reconciliarse con el colectivo de dos millones y medio de funcionarios tras años de congelación salarial, supresión de la paga extraordinaria de Navidades en 2012, reducción de días de libre disposición y otros recortes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confimó ayer a los sindicatos de la función pública que la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 incluirá un incremento salarial del 1%. Es la primera subida tras cinco años de congelación salarial y uno de recorte (en 2010 se redujeron los salarios públicos un 5%), lo que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo acumulada de alrededor del 20% para los empleados públicos, según cálculos sindicales.
    Además, Montoro anunció que en el mes de septiembre se les devolverá a los funcionarios otro 25% de la paga extra suprimida en 2012, que se sumaría al 25% que se les devolvió a comienzos de año. El 50% restante lo cobrarán en 2016 en dos pagos, uno en marzo y otro en septiembre, siempre que haya disponibilidad presupuestaria en las administraciones.
    Además, la tasa de reposición de los empleados públicos (cubrir las bajas que se produzcan) será del 100% en los servicios esenciales (Educación, Sanidad, lucha contra el fraude, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que ahora se suman Instituciones Penitenciarias, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes) y servicios sociales). En el resto, la tasa de reposición será del 50%.
    Entre los compromisos del Gobierno se encuentran también la devolución el año que viene del último ‘moscoso’ que quedaba pendiente de los tres suprimidos, con lo que los empleados públicos volverán a contar con seis días de libre disposición al año. En cuanto a los días libres por antigüedad (‘canosos’), los empleados públicos podrán disfrutar de uno a partir de ocho trienios, de dos con 10 trienios y del tercero con 12 trienios.
    Estas medidas afectarán a los empleados públicos de todas las administraciones, un colectivo de dos millones y medio de personas, de las que medio millón se encuadran en la Administración General del Estado, un millón y medio en las comunidades autónomas y medio millón en la administración local.
    Asimismo, el ministro de Hacienda se mostró abierto a que, durante el trámite parlamentario, puedan incluirse mejoras adicionales como la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica o la promoción interna, según CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración.
    El presidente CSIF, Miguel Borra, destacó que «la presión de dos millones y medio de empleados públicos ha dado su fruto» y que «el Gobierno ha movido ficha en la dirección correcta, aunque no todo lo que nos hubiera gustado».
    La Federación de Servicios Públicos de UGT calificó de «mínima» e «insuficiente» la subida salarial del 1%.
    El coordinador del Área de Administraciones Públicas de CC OO, Antonio Cabrera, también insistió en que estos avances propuestos por el Gobierno no cuentan de momento con el acuerdo de los sindicatos, sino que son una decisión unilateral del Ejecutivo.


    viernes, 17 de julio de 2015

    ACUERDOS PLENO 26-6-15

    La Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de León  informa de los

    ACUERDOS TOMADOS EN EL PLENO CELEBRADO EL 26 DE JUNIO DE 2015 

    NEGOCIACION EN EL SECTOR PÚBLICO

    El Gobierno confirma que subirá el salario a los funcionarios en el 2016

    Mariano Rajoy vincula la «restitución» de la extra de los funcionarios a la mejora de los ingresos

    
     

    Viernes, 17 de julio del 2015
    Reunión de la Mesa General de la Administración General del Estado (AGE) celebrada ayer en Madrid.
    En el 2016 los empleados públicos verán mejoradas sus retribuciones, pero aún se desconoce en cuánto y cómo. Hacienda y los sindicatos más representativos de la función pública -CCOOCSIF UGT- negociarán en los próximos 15 días cuándo los funcionarios cobrarán el 75% de la paga extra suprimida en el 2012, si éste es el último año de congelación salarial, en cuánto aumentará el empleo y si recuperan alguno de los días de libre disposición que perdieron con los recortes.
    El plazo de dos semanas fue acordado ayer por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y los representantes sindicales en un encuentro que había levantado mucha expectación tras los anuncios del Gobierno y la proximidad de la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado, que deben recoger los posibles incrementos.
    El deseo del Ejecutivo de compensar a los empleados públicos por los recortes que padecen desde 2012, que los sindicatos vinculan con la proximidad de las elecciones, se manifestó en tres niveles, presidente del Gobierno, Ministro de Hacienda y secretario de Estado, pero todos expresaron la misma salvedad, que los ingresos públicos lo permitan.

    EL 75% DE LA EXTRA

    "En la medida en que la recaudación y los presupuestos lo permitan restituiremos la paga extra de Navidad del 2012", dijo Mariano Rajoy, al ser preguntado por ello durante la rueda de prensa con la presidenta de Polonia, Ewa Kopacz. Se trataría de abonar el 75% de la extra ya que el 25% se pagó a comienzos de este año.
    El jefe del Ejecutivo, que habló poco después de finalizar la reunión entre Hacienda y las centrales, espera contar con la participación de estas para un acuerdo sobre cuál es la remuneración del sector público el año que viene.
    En espera de que se concrete, el Gobierno busca fórmulas para acabar con la congelación salarial en el sector público. En palabras de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se negocian con los sindicatos "escenarios de creciente retribución" para el 2016 y próximos ejercicios, que podrían incluirse ya en el presupuesto del año que viene.
    Más explícito se mostró al término de la reunión Antonio Beteta, que citó expresamente el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) firmado hace un mes por los agentes sociales y que establece un mínimo de incremento salarial del 1% para el sector privado. Sin embargo, Beteta no aclaró si este porcentaje es una referencia para la administración.
    "No morimos por una décima", dijo Beteta, sin desvelar qué cantidad prevé el Gobierno de incremento para dar margen a los negociadores. Este asunto no se debatirá aisladamente sino que formará parte de un paquete de reivindicaciones de los representantes de los empleados públicos que piden recuperar el poder adquisitivo perdido.
    Los sindicatos tratan de evitar que el Ejecutivo presente las mejoras como concesiones presupuestarias y ponen el acento en que el sector público también debe beneficiarse de la recuperación ya que sufrió gran parte de los recortes.

    CABREADOS

    Los sindicatos criticaron que Hacienda no hubiera hecho propuestas concretas, pero aceptaron el calendario de diálogo. "Unos temas son negociables, pero en otros solo cabe la restitución", afirmó el representante de CCOO, José Manuel Vera, en relación con la extra del 2012. "No nos vamos a conformar con migajas", subrayó César Álvarez, de UGT. Miguel Borra, presidente de CSIF, recordó que "hay 2,5 millones de trabajadores públicos cabreados" que pueden llevar su malestar en las urnas, en clara advertencia al PP.
    Para enfriar el malestar, Rajoy Montoro y Beteta alabaron la labor de los empleados públicos y el "sacrificio" que han realizado en estos años de recortes.
    Desde hoy y durante la próxima semana, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales con los sindicatos para consensuar medidas concretas. Después habrá reuniones de las mesas técnicas sobre empleo, igualdad de género y el plan de protección frente a las agresiones, cuestiones que están muy avanzadas tras las reuniones sectoriales del último mes.
    En estos encuentros se debatirá qué cuestiones se aplican el año que viene y cuáles quedan pendientes para años próximos. También se autorizará a la autonomías a abonar las extras pendientes en función de sus propios planes de estabilidad presupuestaria.
     

    viernes, 3 de julio de 2015

    J.P. SS. CC.

    LA JUNTA DE PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES
    I   N   F  O  R   M   A
     
    Tras largos meses de espera, esta Junta de Personal ha obtenido los datos de ocupación de plazas de las diferentes Consejerías, resultando sobre el CENSO de 3551 funcionarios de Servicios Centrales  (Elecciones 2012):
     
    Que el 37,4 % de los empleados públicos y funcionarios (1.328) se encuentran en 2015 en situación laboral de: Libre Designación, Comisión de Servicios o Atribución Temporal de Funciones
    CONSEJERIA
    L. DESIGNACION
    C. DE SERVICIO
    A.T. FUNCIONES
    TOTALES
    HACIENDA
    107
    104
    26
    237
    FAMILIA
    82
    101
    5
    188
    EDUCACION
    80
    78
    11
    169
    FOMENTO Y M AMBIENTE
    67
    56
    30
    153
    AGRICULTURA Y GANADERIA
    61
    75
    12
    148
    ECONOMIA Y EMPLEO
    78
    57
    11
    146
    PRESIDENCIA
    84
    31
    4
    119
    CULTURA Y TURISMO
    41
    45
    0
    86
    SANIDAD
    19
    56
    7
    82
    TOTALES
    619
    603
    106
    1328
     
    POR TODOS LOS DATOS AQUÍ REFLEJADOS QUEREMOS DENUNCIAR PÚBLICAMENTE:
     
    1º/.- QUE EN ABRIL DE 2012 LA CONSEJERA DE HACIENDA SE AUTOCONCEDIÓ UN PLAZO DE 365 DÍAS PARA TENER TODAS LAS RR.PP.TT. ACTUALIZADAS, A DÍA DE HOY SEGUIMOS ESPERANDO
    LA AUSENCIA DE RR.PP.TT. ES LA CULPABLE DE ESTA SITUACIÓN GENERAL Y MÁXIME DE LOS 106 CASOS DE ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES Y DE LA FALTA DE EFICACIA PÚBLICA
     
    2º/.- QUE LA AUSENCIA Y LOS RETRASOS DE LOS CONCURSOS DE FUNCIONARIOS ES LA CULPABLE DE LOS 603 CASOS DE COMISIONES DE SERVICIOS
    UN CONCURSO ABIERTO Y PERMANENTE DE FUNCIONARIOS    ¡ YA !
     
    3º/.- QUE ESTE 37,4 % DE SITUACIONES DE FUNCIONARIOS CREA UNA ADMISTRACIÓN CLIENTELAR, SOMETIDA AL PODER POLÍTICO Y SUS INTERESES Y NO AL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA
     
    ESTA JUNTA DE PERSONAL DESDE EL 5 DE FEBRERO DE 2014 HA SOLICITADO CON REITERACIÓN (POR TODOS LOS CAUCES POSIBLES, INCLUSO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN)  UNA REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE HACIENDA
     
                                            Y A FECHA DE HOY ………     ¡NI ESTÁ, NI SE LA ESPERA!

    http://www.ultimocero.com/articulo/viernes-negro-vuelve-la-carga-contra-el-%E2%80%9Cdespilfarro%E2%80%9D-el-uso-coches-oficiales-la-junta