martes, 7 de octubre de 2014

La Junta retira la campaña para dignificar a los funcionarios

La Junta retira la campaña para dignificar a los funcionarios ante la crítica de empleados

http://www.lavanguardia.com/politica/20141007/54417699541/junta-retira-campana-para-dignificar-funcionarios-ante-critica-de-empleados.html
Valladolid, 7 oct (EFE).- La Consejería de Hacienda, competente en materia de empleados públicos de Castilla y León, propondrá mañana a los sindicatos retirar una campaña de dignificación de los funcionarios ante las críticas de este colectivo, que ayer consideró que los 250.000 euros de esta inversión debían tener otro destino.
La viceconsejera de Función Pública y Modernización, Rocío Lucas, ha explicado hoy a los medios de comunicación esta decisión, tomada tanto por las críticas personales de algunos empleados públicos como por los sindicatos representados en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, que ayer emitieron un comunicado contrario a esta inversión.
Lucas ha puntualizado que esta inversión fue propuesta por los mismos sindicatos que ahora la critican, en el marco de la negociación para la devolución de la paga extraordinaria, por lo que la Consejería consideró que se trataba de una reivindicación del colectivo.
El "malestar" generado entre los representantes de los empleados públicos surgió a raíz de la publicación del anuncio de licitación de la campaña, según Lucas, quien ha detallado que mañana se reunirá una mesa de negociación para abordar la propuesta de retirada de la Consejería.
Como se trata de unos fondos consignados a esta Consejería, la viceconsejera ha avanzado la intención de este departamento de dedicar esta cantidad "a mejorar los servicios públicos".
La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León criticó ayer que el Ejecutivo autonómico licitara en casi 250.000 euros una campaña de publicidad para promover la dignificación de los empleados públicos, en lugar de dedicarlo a servicios esenciales.
A través de un comunicado, este órgano sindical que integran los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, UGT y USAE y que representa a los 3.500 funcionarios de los servicios centrales de la Junta consideró este destino un "derroche inútil".EFE


Política | 07/10/2014 - 11:35h

junta de personal


Críticas a la campaña de funcionarios de la Junta  
  07/10/2014      
La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León criticó ayer que la Consejería de Hacienda haya licitado en casi 250.000 euros una campaña de publicidad para promover la dignificación de los empleados públicos, en lugar de dedicarlo a servicios esenciales. En un comunicado, Csif, Cgt, CC OO, UGT y Usae, que representan a los 3.500 funcionarios, consideran un «derroche inútil» esta inversión. | efe

lunes, 6 de octubre de 2014

EL ITACYL CUESTIONADO POR EL CONSEJO DE CUENTAS

COMUNIDAD 
Cuentas cuestiona el encargo al Itacyl de obras y proyectos de Agricultura
Una auditoría realizada por el Consejo de Cuentas recoge que no se justifican ni la falta de medios ni una mayor eficacia para encomendar esas gestiones
S. Escribano       05/10/2014




"No puede determinarse si los encargos realizados se han cumplido eficazmente o se han conseguido en mayor o menor medida que si hubieran sido realizados por la propia consejería". Es una de las conclusiones sobre las iniciativas que la Consejería de Agricultura y Ganadería encarga al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), en una auditoría en la que el Consejo de Cuentas ha analizado esas encomiendas de gestión, además de los avales y préstamos concedidos por el organismo que depende de la consejería que dirige Silvia Clemente y también parte de los contratos firmados por sus responsables. La auditoría se centra en la situación del 2011 y el análisis se extiende a lo largo de 367 páginas.
Los auditores recogen en el informe que "han existido dificultades" para identificar el expediente facilitado por el Itacyl y la orden correspondiente de la consejería en la que se encomendaba esa gestión. Además, el análisis de esos expedientes refleja que "la propia manera de ejecutar la encomienda, trasladando el Itacyl a un tercero con quien contrata gran parte de su ejecución, es contradictoria con las causas que pretenden justificar su existencia como medio propio ejecutante".
De ahí coligen en el informe que se estaría utilizando la encomienda de gestión como un "mero instrumento" de financiación de obras y proyectos que se contratan a través del organismo, en lugar de la Consejería de Agricultura, para sortear exigencias y trámites marcados por la normativa sobre contratos públicos. Desde el organismo de control que vela por el correcto empleo de los fondos públicos explican que esas encomiendas de gestión de la Administración deben aplicarse cuando hay carencia de medios propios o por razones de eficacia y apuntan que con respecto al Itacyl, faltan tanto una memoria técnica como una económica que justifiquen cualquiera de esos dos supuestos.
El informe incluye datos de ejecución del programa de Reforma Agraria de proyectos gestionados desde la propia consejería y otros encomendados al Itacyl. A la vista de los datos, los auditores resaltan que la ejecución es baja en los dos casos, lejos del 80%, y que el porcentaje del 51,38% que arroja Itacyl es algo más alto que el 46,48% de la consejería. "Algo más alto", pero "no significativamente más eficaz", dice textualmente el informe.
En el caso de los avales y las líneas para facilitar a las empresas el acceso a refinanciación y "préstamos de salvamento", la auditoría encuentra expedientes en los que no están suficientemente acreditadas concesiones que se otorgaron atendiendo al "carácter estratégico de la operación".
Solvencia continuada
También inciden los expertos del Consejo de Cuentas en la falta de seguimiento de la situación de riesgo de las empresas. Aprecian que no les consta que ni desde el propio Itacyl ni profesionales externos a la casa hayan hecho seguimiento y supervisión de que las empresas beneficiarias de financiación mantienen la situación de solvencia que tenían cuando se les concedieron los préstamos.
El análisis de la gestión del instituto agrario aborda también los gastos de la promoción de la marca Tierra de Sabor. Considera que el seguimiento que se hace es "incorrecto" al aplicarse diferentes formas de tramitación administrativa. "No es posible conocer con exactitud ni las prestaciones realizadas ni el coste total de la promoción", apunta el informe del organismo fiscalizador. El presidente de Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, defenderá la auditoría en las Cortes. 

domingo, 14 de septiembre de 2014

QUINTO "MOSCOSO"

Los funcionarios recuperan otro moscoso: aprobada la Ley de racionalización del sector público


El Congreso ha aprobado el proyecto de ley, con lo que los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición de los tres suprimidos en 2012, medida introducida por el PP para intentar reducir el déficit. 
http://vozpopuli.com/actualidad/49257-los-funcionarios-recuperan-otro-moscoso-aprobada-la-ley-de-racionalizacion-del-sector-publico

Nacional | 11-09-2014
 
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, una norma que pretende garantizar la eficiencia del gasto, así como la eliminación de duplicidades y determinados entes y organismos públicos.

Tal y como estaba previsto, tras la aprobación de la ley, los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición ("moscoso") de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP.

El proyecto de ley ha vuelto al Congreso para ser aprobado después de que el pasado mes de julio el pleno del Senado, con la mayoría del PP, rechazara las ocho propuestas de veto al proyecto de Ley de racionalización del sector público, que según los grupos de la oposición al Gobierno invade competencias autonómicas y pretende la "recentralización" del Estado.

Desde el PP, la diputada María Eugenia Romero ha asegurado que este proyecto, que supondrá un ahorro de 37.600 millones de euros en los cuatro años de Gobierno, forma parte del plan de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno y está encaminado a procurar una mejor administración de los recursos públicos.

Romero ha señalado que del texto que salió del Congreso y que ha sido debatido con las enmiendas incorporadas del Senado, se han introducido veinte modificaciones, entre las que ha destacado la relativa a la ley general de subvenciones, la movilidad geográfica de los funcionarios y la tasa por homologación y convalidación de títulos extranjeros. Ha añadido que lo que intenta el Gobierno con esta ley es corregir las duplicidades y suprimir organismos innecesarios sin incrementar la carga burocrática a los ciudadanos.
Críticas por la "intromisión" que supone la ley

Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor, ha dicho al Gobierno que se creyó "su propaganda" diciendo que "había 600 asesores en la Moncloa" o que "la administración española era una selva de chiringuitos para socialistas", y "cuando se pusieron a escribir" lo único que contaron fueron unos "flecos" que "no tienen importancia ni financiera, ni política". Sánchez Amor ha asegurado que "cada vez" que el PP toca la Administración "es para producir un desastre como éste".

El diputado de CIU Antoni Picó ha señalado que transcurridos casi tres años desde el inicio de la legislatura el proyecto contiene "pocas medidas de racionalización" y ha criticado el "nivel de intromisión del Gobierno en las competencias autonómicas".

También el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha puesto de manifiesto la posición contraria del su grupo a la ley, al considerar que supone una "intromisión competencial", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo "no respeta las reglas del juego ni los estatutos de autonomía".

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha calificado la norma como "una mala ley", que no responde al encargo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), ni se corresponde con las necesidades de España.

Joan Coscubiela de la Izquierda Plural ha criticado que el texto "incrementa los defectos iniciales", mientras que desde el Grupo Mixto, el diputado de Amaiur Rafael Lareina ha asegurado que el Gobierno "avanza en el proceso de recentralización y desmontaje del Estado de bienestar".

Lareina ha aprovechado su intervención en el Congreso para reclamar en este día en que Cataluña celebra la Diada, "el respeto a la voluntad" y "al derecho a decidir del pueblo de Cataluña".

domingo, 7 de septiembre de 2014

MENOS EMPLEADOS PÚBLICOS = PEORES SERVICIOS PÚBLICOS

León prescinde de 1.072 empleados públicos

La poda ha segado en dos años todas las áreas e instituciones, pero el mayor número de puestos se han suprimido en educación (406), en las entidades locales (207) y en el personal de las Fuerzas Armadas (109).

 
m. romero | león 08/09/2014
León tiene actualmente una plantilla de 29.449 empleados públicos, 1.072 menos que hace dos años, cuando el Gobierno instauró un severo plan de medidas para adelgazar las administraciones públicas. La nómina de trabajadores con sueldo público en la provincia sigue siendo mastodóntica, de manera que una de cada seis personas con empleo cobran del Estado, la Junta, la Diputación o de algún ayuntamiento. Es un sueldo público por cada 16 habitantes.
Según recoge el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los recortes no se han producido por igual en todas las casas. Si el objetivo era podar, la administración más cumplidora ha sido la Junta de Castilla y León. En total ha prescindido de 573 empleados, la inmensa mayoría dedicados a la docencia. A este sector pertenecen 406 despedidos. Concretamente, ahora hay 260 maestros menos que hace dos años y 146 trabajadores de la Universidad de León.
En menor medida se ha tocado la plantilla de las consejerías, en las que trabajan 98 empleados menos que en 2012. La sanidad es, según la misma fuente, el área con menos afectados (69).
Pese a los recortes practicados en la Administración autonómica, esta institución sigue siendo el mayor vivero de empleos en la provincia, con 13.905 empleados.
Las instituciones que dependen del Estado también han adelgazado su nómina de empleados en absolutamente todas las áreas posibles. Hoy trabajan para la Administración central 8.065 ciudadanos de León. Hace dos años eran 8.357.
Aquí se ha notado notablemente la reducción de interinos. Éste ha sido uno de los recursos más utilizados por Gobierno y Junta. 131 empleados del personal que se encontraba en diferentes sedes ministeriales de León ya no forman parte de la nómina del Estado y lo mismo ha ocurrido con 98 trabajadores de las consejerías de Castilla y León. Son, no obstante, algunos de los departamentos o áreas en los que menos plantilla se ha recortado.
Los peor parados en este sentido son los miembros de las Fuerzas Armadas. El Estado ha reducido su número en más de un centenar durante estos dos años. Resulta llamativo que la tendencia también haya salpicado a este tipo de empleados públicos, sobre todo porque su evolución durante los últimos años fue espectacular gracias al aporte del gran número de mujeres y de ciudadanos no nacionales. En León se emplean en las Fuerzas Armadas un total de 2.453 personas.
Son muchos más en número que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en cojunto suman 1.901 efectivos. Es, junto a las agencias estatales y los entes públicos, el sector que menos ha sido tocado en estos años. Sólo ha perdido 21 efectivos. Tanto las agencias como los entes públicos tienen ocho empleados menos cada uno.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaba hace escasos días que en España la plantilla de empleados públicos no debía bajar más. A nivel nacional, hoy el número de empleados públicos es de 2.551.000, prácticamente la misma cifra que en el año 2004.
Por lo que respecta a Castilla y León, ésta se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor número de empleados públicos por habitante y, aunque ha recortado, el número de empleados públicos es casi el mismo que antes de la crisis. Éste se situó en este territorio en 163.877 trabajadores, 344 menos que un año antes, con un descenso porcentual del 0,2%. La Administración del Estado emplea a 38.693 personas en la Comunidad, con un descenso del 2,3% respecto al arranque de 2013 (909 personas menos); y la Junta, a 84.547, con una rebaja del 1,3% (1.124 empelados menos). Asimismo, las universidades perdieron 115 empleados, el 1,4% de reducción, hasta los 8.268 trabajadores. Por el contrario, la Administración local contaba con 32.369 empleados, un 5,9% más que un año antes, que se traduce en 1.804 nuevas contrataciones.
El documento refleja que en el inicio de 2014, la provincia con un mayor número de empleados públicos era Valladolid, con 35.739, con un descenso del 0,6% en el último año. La provincia donde el número de empleados al servicio de la Administración, descendió más fue Zamora, un 2,6%, hasta los 10.906. Asimismo, también bajaron en Salamanca (23.542), un 0,9%; en Palencia (10.498); un 0,8%; en Soria (7.785), un 0,7%; y en Burgos (23.241), un 0,2%. Por el contrario, se elevaron en Ávila (10.906), un 1,7%, y en Segovia (11.811), un 0,6%.
La distribución de efectivos estatales en la Comunidad se concentraba en la Administración General, con 12.836, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 9.562 empleados; las Fuerzas Armadas, 9.061; la Administración de Justicia, 3.710; y los Entes Públicos, 3.524.
En cuanto a la Administración autonómica, las consejerías y sus organismos acumulan 20.204 empleados; a docencia no universitaria se dedican 30.648 personas; y a las instituciones sanitarias, 33.695.

jueves, 7 de agosto de 2014

Reordenación del sector público

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Castilla-Y-Leon-Ahorra-1-264-Millones-Por-La-Reordenacion-De-vn151392-vst209

Castilla y León ahorra 1.264 millones por la reordenación del sector público
La extinción o reestructuración de entes supondrá una reducción de plantillas en 4.444 efectivos, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda    

Ical       06/08/2014
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que Castilla y León ahorrará 1.264,17 millones de euros entre 2011 y 2015 gracias a sus actuaciones en materia de reordenación de su sector público, con un ajuste global en sus plantillas en 4.444 empleados por medidas de extinción o de reestructuración de entes. El conjunto de las autonomías, según el último informe publicado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, ahorrarán en el periodo de aplicación de reformas 20.615,43 millones, con la destrucción de 51.766 empleos.
El documento recogido por Ical, de arranque de 2014, refleja que los mayores ajustes del periodo llegarán por las medidas de reestructuración de los entes que subsistan aprobadas por el Gobierno regional. En concreto, los ahorros estimados por estas medidas supondrán 1.223,38 millones de euros, con una reducción de las plantillas en 3.879 trabajadores. En España, los ahorros por estas medidas en entes que proseguirán con su actividad, ascenderán a 18.732,51 millones de euros, con la destrucción de 46.306 puestos de trabajo.
En cuanto a los procesos de extinción de entes, permitirán en la Comunidad, un ajuste del gasto en 40,79 millones de euros, con la desaparición de 565 empleos. En el conjunto de las autonomías, los entes liquidados hubieran supuesto un gasto en el periodo de 1.910,74 millones, con unas plantillas integradas por 5.460 empleados.
El análisis autonómico del proceso de reordenación del sector público, sitúa los mayores ahorros entre 2011 y 2015 por bajas netas efectivas y otras medidas de reestructuración de entes en Cataluña, con 6.423,15 millones de euros; seguida por Madrid, con 2.902,54 millones; y Valencia, con 2.833. Asimismo, el ahorro previsto en Andalucía es de 1.735,84 millones; en Galicia, de 1.549,69; en Castilla-La Mancha, de 1.459,83; en Castilla y León, de 1.264,17; en Canarias, de 1.039,03; en Murcia, en 1.023,57; en Baleares, de 316,85; en Navarra, de 63,88; y en La Rioja, de 3,76.El Ministerio no dispone de datos sobre el ahorro en Aragón, Asturias, Cantabria y Extremadura.
En cuanto al impacto sobre las plantillas, en Cataluña se reducirán en 12.803 efectivos; en Castilla-La Mancha, en 11.879; y en Valencia, en 8.816, seguidas por Castilla y León, con 4.444, la cuarta autonomías por impacto en los puestos de trabajo de los entes. Asimismo, Madrid reducirá las plantillas de los entes en 4.066 trabajadores; Canarias, en 2.519; Murcia, en 2.410; Baleares, en 2.044; en Andalucía, en 636; Galicia, en 633; Aragón, en 317; Navarra, en 228; Baleares, en 183; La Rioja, en 74; y Extremadura, en 37.

Grado de ejecución
El Ministerio de Hacienda expone que el compromiso global de reducción de entes asumido por la Junta de Castilla y León, asciende a 28 organismos, con una actuación efectiva de extinción sobre 16 a 1 de enero de 2014; y otros cinco con el proceso en curso en estadios muy próximos a la desaparición. Así, esos 21 entes suponen un grado de ejecución de la reducción global comprometida, del 75 por ciento en el arranque de 2014. Un porcentaje por debajo del registrado para la media del conjunto de las autonomías, que se situó en el 85,44 por ciento, con 675 entes (484 de reducción efectiva y 191 en fases próximas a su consecución), sobre un compromiso global de actuación sobre 790.
Las autonomías con mayor grado de ejecución de sus compromisos de reordenación del sector público son La rioja (100 por ciento); Andalucía (97,64 por ciento); y Baleares (92,73 por ciento). Por el contrario, en la cola de la tabla se encuentran Asturias (60 por ciento) y Cataluña (70,4 por ciento).
Una vez concluidos todos los procesos de reordenación del sector público autonómico, Castilla y León contará con 56 entes, cuando a fecha 1 de enero de este año tenía aún 63, y a julio de 2010, 84. En España, se concluirá el proceso con 1.579 entes, frente a los 2.369 iniciales, es decir, 790 menos. Así, la importancia relativa sobre la reducción comprometida frente a la situación de 2010, se sitúa en el 33,33 por ciento en la Comunidad (28 entes suprimidos de 84), frente al 33,35 por ciento de la media nacional (790 sobre 2.396).
Por autonomías, la mayor importancia relativa de los compromisos de reordenación se registra en Baleares (60,77 por ciento); Castilla-La Mancha (57,32 por ciento); y Murcia (55,45 por ciento). Los compromisos más bajos los asumen Canarias (16,28 por ciento); Asturias (17,86 por ciento); Madrid (19,05 por ciento); y La Rioja (19,35 por ciento).

Compromiso inicial muy bajo
El texto indica que el compromiso inicial de reducción del sector público autonómico manifestado por la Junta en la Comunidad, fue de dos entes, con fecha 1 de enero de 2012, y a 1 de enero de 2014, se había producido una disminución efectiva, incluidos los procesos en fases muy próximas a la extinción, de 21, lo que supone un aumento del 1.050 por ciento respecto al primer compromiso. En España, el compromiso inicial fue de eliminación de 508 entes, y en el arranque de este año se había actuado sobre 675, es decir, un 133 por ciento más. El informe recalca que “Castilla y León había asumido un compromiso inicial muy reducido, de ahí el elevado porcentaje de realización”.

La reconversión del sector público en la Comunidad destruye 4.444 empleos

El Ministerio de Hacienda cifra en 1.264 millones de euros el ahorro en 5 años.


  • Interior del edificio de la Junta en la capital leonesa, en el barrio de Eras de Renueva. - jesús f. salvadores


dl | valladolid 07/08/2014
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que Castilla y León ahorrará 1.264,17 millones de euros entre 2011 y 2015 gracias a sus actuaciones en materia de reordenación de su sector público, con un ajuste global en sus plantillas en 4.444 empleados por medidas de extinción o de reestructuración de entes. El conjunto de las autonomías, según el último informe publicado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, ahorrarán en el periodo de aplicación de reformas 20.615,43 millones, con la destrucción de 51.766 empleos.
El documento recogido por Ical, de arranque de 2014, refleja que los mayores ajustes del periodo llegarán por las medidas de reestructuración de los entes que subsistan aprobadas por el Gobierno regional. En concreto, los ahorros estimados por estas medidas supondrán 1.223,38 millones de euros, con una reducción de las plantillas en 3.879 trabajadores. En España, los ahorros por estas medidas en entes que proseguirán con su actividad, ascenderán a 18.732,51 millones de euros, con la destrucción de 46.306 puestos de trabajo.
En cuanto a los procesos de extinción de entes, permitirán en la Comunidad, un ajuste del gasto en 40,79 millones de euros, con la desaparición de 565 empleos. En el conjunto de las autonomías, los entes liquidados hubieran supuesto un gasto en el periodo de 1.910,74 millones, con unas plantillas integradas por 5.460 empleados.
El análisis autonómico del proceso de reordenación del sector público, sitúa los mayores ahorros entre 2011 y 2015 por bajas netas efectivas y otras medidas de reestructuración de entes en Cataluña, con 6.423,15 millones de euros; seguida por Madrid, con 2.902,54 millones; y Valencia, con 2.833. Asimismo, el ahorro previsto en Andalucía es de 1.735,84 millones; en Galicia, de 1.549,69; en Castilla-La Mancha, de 1.459,83; en Castilla y León, de 1.264,17; en Canarias, de 1.039,03; en Murcia, en 1.023,57; en Baleares, de 316,85; en Navarra, de 63,88; y en La Rioja, de 3,76.El Ministerio no dispone de datos sobre el ahorro en Aragón, Asturias, Cantabria y Extremadura.
En cuanto al impacto sobre las plantillas, en Cataluña se reducirán en 12.803 efectivos; en Castilla-La Mancha, en 11.879; y en Valencia, en 8.816, seguidas por Castilla y León, con 4.444, la cuarta autonomía por impacto en los puestos de trabajo.
El Ministerio de Hacienda expone que el compromiso global de reducción de entes asumido por la Junta de Castilla y León, asciende a 28 organismos, con una actuación efectiva de extinción sobre 16 a 1 de enero de 2014; y otros cinco con el proceso en curso en estadios muy próximos a la desaparición. Así, esos 21 entes suponen un grado de ejecución de la reducción global comprometida, del 75 por ciento en el arranque de 2014. Un porcentaje por debajo del registrado para la media del conjunto de las autonomías, que se situó en el 85,44 por ciento, con 675 entes (484 de reducción efectiva y 191 en fases próximas a su consecución), sobre un total de 790.