Jueves, 31 de enero de 2013
LABORAL
Una plataforma de 18 organizaciones confía en ganar el recurso judicial
Una plataforma compuesta por 18 organizaciones sindicales y de empleados públicos de Castilla y León pidió al presidente de la la Junta, Juan Vicente Herrera, que abone “de motu propio” las retribuciones de la paga extra de Navidad, con el objetivo de evitar los tribunales, y que algunos sindicalistas cifraron en torno a los 300 millones de euros. Según explicaron, ya han presentado un recurso y reclamación administrativos contra su supresión íntegra y la adicional del complemento específico o pagas equivalentes.
Además, subsidiariamente, demandan la parte proporcional correspondiente a los servicios prestados durante los 44 días del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, es decir, entre el comienzo del devengo de la extra y la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 por el que suspendió el abono de dicha paga.
Esta supresión se suma a la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido en los últimos años con reducción de salarios y congelaciones anteriores. “Un funcionario de educación cobra hoy lo mismo que en el año 2000, y sin tener en cuenta la subida del IPC”, lamentó una de las portavoces de la plataforma, Elena Fernández, quien tomó la palabra para criticar las supuestas ‘bufandas’ que algunos trabajadores podrían percibir mientras por otro lado se aprueba este tipo de recortes.
Al respecto, Carmen Amez, también representante del conglomerado de organizaciones en la comunidad, expuso su temor y determinó que en Castilla y León “no hay ninguna garantía de que se mantengan sueldos y retribuciones a los empleados públicos”, aunque se mostró optimista sobre el recurso. David Amo, otro de los portavoces, criticó las externalizaciones de ciertos servicios públicos, que se traduce “en que alguien se lleva dinero por intermediar y hay ejemplos demostrados de que no significa mayor calidad”. Elena Fernández, en este sentido, sostuvo que estos servicios “son gratuitos, mientras que si se privatizan, se pagan”.
La Audiencia duda que anular la extra de Navidad a los funcionarios sea legal
Advierte de que las restricciones de derechos individuales no pueden ser retroactivas.
j.a.b. | madrid 31/01/2013
Nueva
victoria de los funcionarios en su lucha para recuperar la paga
extraordinaria de diciembre anulada por el Ejecutivo, aunque otra vez
limitada en su alcance. La Audiencia Nacional mostró ayer en una
resolución sus «dudas» sobre la constitucionalidad del decreto
gubernamental del pasado 13 de julio, que suspendía el cobro de ese
importante complemento salarial, si bien centradas en «la
«irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos
individuales», como podría ser el caso.
Es decir, que en la misma línea del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la semana pasada —donde estimaba de forma parcial un recurso de los sindicatos relativo a una empresa regional, en el sentido de que los efectos de la supresión de la extra de Navidad no podían ser anteriores a la aprobación de la medida— la Sala de la Contencioso de la Audiencia da ahora los primeros pasos para reconocer a todos los funcionarios (su resolución tendría alcance nacional) el derecho a recuperar el cobro de los 14 días de julio que aquellos trabajaron antes de la aplicación efectiva del decreto.
Según cálculos sindicales, los 2,53 millones de empleados públicos de las distintas administraciones podrían conseguir por esa vía (la restitución de los derechos económicos de los días ya devengados para la extra) alrededor de 33 millones de euros, a una media de 120 euros por persona.
Y es que el tribunal recuerda que, «como ha aclarado el Tribunal Supremo» en distintas sentencias, las gratificaciones extraordinarias «constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día».
Es decir, que en la misma línea del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la semana pasada —donde estimaba de forma parcial un recurso de los sindicatos relativo a una empresa regional, en el sentido de que los efectos de la supresión de la extra de Navidad no podían ser anteriores a la aprobación de la medida— la Sala de la Contencioso de la Audiencia da ahora los primeros pasos para reconocer a todos los funcionarios (su resolución tendría alcance nacional) el derecho a recuperar el cobro de los 14 días de julio que aquellos trabajaron antes de la aplicación efectiva del decreto.
Según cálculos sindicales, los 2,53 millones de empleados públicos de las distintas administraciones podrían conseguir por esa vía (la restitución de los derechos económicos de los días ya devengados para la extra) alrededor de 33 millones de euros, a una media de 120 euros por persona.
Y es que el tribunal recuerda que, «como ha aclarado el Tribunal Supremo» en distintas sentencias, las gratificaciones extraordinarias «constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día».
Primer triunfo judicial de los funcionarios para retornar la paga extra
j. a. bravo | (colpisa) madrid 23/01/2013
Triunfo
parcial y limitado en el tiempo, aunque victoria al fin y al cabo. Los
funcionarios han logrado que el principal tribunal madrileño les
reconozca el derecho a recuperar el cobro de los días devengados de la
paga extraordinaria de diciembre (o conceptos equivalentes) que fueron
computados antes de la entrada en vigor a mediados de julio pasado del
polémico decreto ley del Gobierno que suspendió aquella dentro de los
ajustes presupuestarios.
No obstante, el alcance de esta sentencia —que es recurrible en casación— está limitado a una empresa autonómica, si bien los principios esgrimidos por los jueces —fundamentalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo— podrían aplicarse al resto de empleados públicos del país. De hecho, eso es lo que estiman los sindicatos presentes en la Plataforma de Empleados Públicos, que ayer se reunieron para consensuar su próxima estrategia en la pugna que mantienen con el Gobierno respecto a sus derechos laborales (eliminación de los días libres llamados ‘moscosos’) y retributivos (congelación salarial en 2011 y 2012, tras una rebaja del 5% en el 2010).
No obstante, el alcance de esta sentencia —que es recurrible en casación— está limitado a una empresa autonómica, si bien los principios esgrimidos por los jueces —fundamentalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo— podrían aplicarse al resto de empleados públicos del país. De hecho, eso es lo que estiman los sindicatos presentes en la Plataforma de Empleados Públicos, que ayer se reunieron para consensuar su próxima estrategia en la pugna que mantienen con el Gobierno respecto a sus derechos laborales (eliminación de los días libres llamados ‘moscosos’) y retributivos (congelación salarial en 2011 y 2012, tras una rebaja del 5% en el 2010).
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