OPINIÓN 2014

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Para la publicación de cualquier artículo es necesario identificarse (nombre y dos apellidos, DNI y Servicio Territorial al que está adscrito) y dirigirle por email a la Junta de Personal: juntapersonalfleon@gmail.com 
 
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El profesor Cipolla define 4 clases de individuos:

"Hay cuatro clases de individuos: -Los incautos, que como consecuencia de sus actos sufren pérdidas mientras otros obtienen beneficios; -Los inteligentes, que se benefician de sus actos y producen bienes para los demás; -Los malvados, que consiguen beneficios a base de causar pérdidas a otros; Y, finalmente, lo peor de lo peor son -Los estúpidos, aquellos que causan daños, pérdidas y desgracias para los demás sin conseguir ningún beneficio a cambio."
(Profesor Cipolla)

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CANTO RODADO
ANA GAITERO 26/10/2014  


la renuncia

Quieren que renunciemos al sentido común, al último átomo de dignidad y al último tren de león; hay que renunciar a la estaca y a la queja

Lucha por tu barrio que el país está jodido». La frase nos interpela desde de una pared del barrio de El Ejido. Está escrita en letra redonda y quien la pintó eligió el color morado. Quizá por ello me parece que es autora y no autor. Las chicas frecuentan menos que los chicos las calles con los sprays. Pero haberlas, haylas. Doy fe.
Conozco a unas que salieron cierta noche con la artista boliviana María Galindo y tomaron la ciudad. «No queremos el 50%, queremos todo el paraíso», proclamaba una pintada por detrás de la estación de Matallana. Ya no existe. La borraron con una mano de pintura. No convienen esos mensajes que aspiran a todo en una sociedad que ha convertido la renuncia pacífica y borrega en un mantra.
Hay que renunciar al empleo estable, renunciar a las subidas salariales, a las prestaciones por desempleo, renunciar a las becas, renunciar a las inversiones en investigación, renunciar a la maternidad para no estorbar al empresario, renunciar a la escuela pública y a los menús escolares seguros y saludables, con productos locales y empleo local. Renunciar a las ayudas a la dependencia, renunciar a la cultura, a la justicia y a la verdad.
Dimisión colectiva
Enseñan a las nuevas generaciones a renunciar a su tierra, a emigrar con una maleta en un vuelo low cost, a hacerse tan flexibles que les dé lo mismo trabajar en la caja de un supermercado que en un bufete de abogados. Hay que renunciar a los sueños y adaptarse al mercado laboral. Ese es el camino. Renunciar porque ser mileurista ya es demasiado.
La renuncia ha venido para quedarse. Para implantar un estado de ánimo colectivo de dimisión de la voluntad. Podría parecer que cada hoja que cae al suelo en este otoño disfrazado de verano, o viceversa, es una renuncia. Un aparcar la libertad. Un desistimiento de vivir. El otoño arde en los termómetros. Los Gobiernos, el de Madrid y el de Valladolid, nos pretenden privar de los últimos átomos de dignidad.
Nos invitan a renunciar, y ¡de qué manera!, a la inteligencia, si fuera posible. La ministra Pastor nos mete en el túnel de los seis minutos para cruzar Pajares mientras responde que el tren, por León, pasará «por donde toda la vida». Quieren que León renuncie a tomar el último tren.
Cospedal en Barrio Sésamo
Luego viene Cospedal, en plan barrio Sésamo, a enseñarnos a distinguir lo-bue-no de lo-ma-lo en un ejercicio de cinismo y caradura que invitan al despelote total salvo que la población haya renunciado incluso a reírse, sino por placer, al menos como mecanismo de defensa. Las palabras no hay quien las gobierne afirman los mismos señores que las meten en cintura en el diccionario.
O las dejan en el limbo del habla. Sin carta de naturaleza, como que no existieran. Es lo mismo que hace el PP con sus corruptos innombrables. Están ahí Bárcenas, Acebes, Rato, Camps... y muchos más pero hacen como que no existen. Hay que renunciar a la vista, al tacto, al oído, al gusto, al olfato. A los cinco sentidos y al sentido común para tragar con la sopa de gusanos que nos ponen como plato del día. El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, ha comprado los gusanos en la sopa por 12.000 euros. La empresa suelta la panoja y aquí paz y después gloria.
Es tiempo de renuncias. Sí. Pero a lo primero que hay que renunciar es a la queja en el bar, o en la oficina, en el supermerdo o en la cola del paro. Hay que renunciar a la estaca que nos ata a este sistema que se está derrumbando, hundiendo en su propio muladar. Ese que el PP y el PSOE quieren pactar después del banquete de corrupción que se están dando. Deberían renunciar.
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 EDITORIAL


Menos empleados públicos en plantilla
08/09/2014
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/menos-empleados-publicos-plantilla_918943.html

Las administraciones públicas mantienen en León una plantilla de casi 30.000 funcionarios y empleados públicos. Es la mayor empresa con diferencia. Si se establece una comparación con los datos demográficos, hay una persona que trabaja para el Estado, la Junta, la Diputación o los ayuntamientos por cada 16 habitantes. Y si la equivalencia se proyecta sobre los datos de la Encuesta de Población Activa, hay un trabajador de la Administración por cada cinco ocupados.
La burocracia era mastodóntica y hace dos años el Gobierno de Mariano Rajoy puso en el punto de mira a los empleados públicos, a los que sometió a un plan de sucesivos recortes que ha adelgazado las instituciones hasta el último rincón. Primero fue la congelación de la oferta de empleo público y la no reposición de efectivos, después vino el incremento de la jornada a 37,5 horas semanales, la congelación de salarios de los funcionarios y la supresión de la paga extra. Y ahora el balance de la poda es una administración con menos personal, sobre todo interino. Uno de cada cinco despedidos tenían este estatus.
La Administración ha prescindido de 1.072 empleados públicos en la provincia de León. El mayor número de ellos trabajaban en la docencia, pero la tijera ha afectado casi de igual manera a las Fuerzas Armadas y al personal de las entidades locales.
Resulta difícil juzgar si los recortes han beneficiado a la Administración, pero en el suma y resta León ha perdido más de un millar de empleos cualificados.
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regeneración democrática »
“Hay jueces y fiscales que siguen la consigna de los de arriba para prosperar”

Miguel Ángel Torres, magistrado instructor del 'caso Malaya', afirma: "La sociedad española es bastante más permisiva con la corrupción de lo que parece"


Ejerce como juez desde los 29 años; a los 32 dirigió la operación Ballena Blanca contra la mayor red de blanqueo de capitales conocida hasta ese momento. Dos años después instruyó el caso Malaya, la más extensa trama de corrupción política y empresarial de España descubierta en Marbella; ordenó decenas de detenciones e imputó a 86 personas. Tras 22 meses de macrojuicio, hubo 52 condenados: dos ex alcaldes, 15 ex concejales, 18 empresarios y cinco abogados, entre otros. Miguel Ángel Torres Segura (Granada, 1971) llegó a denunciar a otro juez, Francisco de Urquía, vecino de despacho en Marbella, por sus vínculos con los corruptos. Esta entrevista trata sobre las medidas de regeneración democrática que necesita España, sin abordar lo ocurrido en el caso Malaya dado que se trata de un proceso judicial aún pendiente de decenas de recursos en el Tribunal Supremo.

Pregunta. ¿España es un país corrupto?

Respuesta. No. Creo que España no es un país corrupto y que los funcionarios no son para nada corruptos. Es prácticamente imposible que un funcionario pida dinero en España a un particular, o que un policía o un guardia civil pidan dinero. Eso sí que entiendo que es la corrupción que existe en otros países, por ejemplo del tercer mundo, pero eso es impensable en España. Lo que sí creo es que hay una corrupción política institucional, de arriba hasta abajo, tenemos una corrupción en el sistema, no de los funcionarios. Y segundo, la sociedad española es bastante más permisiva con la corrupción de lo que parece. Convivimos con ella, nos hemos acostumbrado, y aunque la pongamos en las encuestas como uno de los principales problemas, somos bastante tolerantes con la corrupción del que está más próximo y nada tolerantes con la del adversario político.


"Cambiar jueces o fiscales no va a mejorar la instrucción"

P. ¿Ha recibido presiones para no instruir o instruir de una determinada manera las causas de corrupción que ha llevado?

R. No. Nadie te llama directamente para decirte lo que tienes que hacer o amenazarte. En España estaremos luchando contra la corrupción y la lacra que supone cuando llegue a pasar como en Italia: que un juez o un fiscal sean asesinados o perseguidos. Eso es impensable aquí, que por investigar un caso pueda peligrar tu vida o la de tu familia. En España pasan otro tipo de presiones. Por ejemplo, cuando estás investigando un caso de corrupción sabes que, según el sentido de tus actos, si no llegas muy lejos pues tu carrera puede prosperar. Si haces determinadas cosas que favorecen a determinado grupo político, o si haces determinadas cosas que no perjudican a nadie, pues puedes llegar a una plaza superior, o llegar a ser miembro de un órgano del Estado o prosperar en la carrera. Si te portas bien de alguna manera de cara a los que mandan pues no vas a tener ningún problema y si haces todo lo contrario, si te metes en lo que no tienes que meterte, tendrás problemas, puedes tener expedientes... Una forma de corrupción es también intentar defender los intereses de los poderosos para poder beneficiarte tú mismo o no hacer lo que tienes que hacer para no tener problemas cuando precisamente te están pagan para afrontar esos temas difíciles.

P. ¿Y esto ocurre en España?

R. Sí. Por ejemplo, hay jueces y fiscales que siguen las consignas de los de arriba para prosperar o bien que no se atreven a hacer determinadas cosas para no tener problemas. Eso es así, y es humano. Y eso también es una forma de corrupción, no solo cobrar dinero.


"Habría que castigar con cárcel muchas conductas prevaricadoras"

P. Para combatir la corrupción hay quien piensa que bastaría con transparencia y una conciencia pública despierta y exigente contra esos comportamientos indebidos. ¿Existen ambas cosas en España?

R. Creo que no. En España creo que la sociedad en general tiene una falta de ética hacia la corrupción y existe una falta de transparencia en las administraciones públicas. Habría que concienciar a la sociedad de que determinadas conductas son malas, no solamente las de los políticos sino las conductas habituales de los ciudadanos como, por ejemplo, con el pago de los impuestos.

P. De los delitos que van ligados a la corrupción, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, el fraude, el blanqueo. ¿Cuál es el más difícil de perseguir?


"Lo que hay tras muchos casos de corrupción es financiación ilegal de los partidos"

R. Todos son difíciles. El fraude fiscal debe ser el más fácil de perseguir porque hay mecanismos a través de la Agencia Tributaria que ofrecen mayor posibilidad de investigación. Todos esos delitos requieren una serie de conocimientos administrativos y en el fondo son siempre opinables, no son clarísimos como un asesinato o un robo. Los tribunales siempre llegamos tarde y conocemos sólo una serie de datos, se nos ocultan otros, tenemos grandes dificultades.

P. La prevaricación está bien regulada...

R. Por lo pronto no se castiga con pena de prisión sino con una pena de inhabilitación: la persona que comete una prevaricación deja de participar en la administración. Si eres un político, no te supone un gran problema. Simplemente deja de ser político durante un tiempo y ya se encargará el partido al que pertenece ese político de garantizarle que seguirá viviendo bien. Algunas conductas prevaricadoras habría que castigarlas con penas de cárcel.

P. El fiscal general del Estado sostiene que la atribución de la instrucción a los fiscales permitirá romper con un modelo viciado que retrasa los procesos…

R. La instrucción penal tiene una serie de vicios y problemas en España. Hay un modelo perverso y es que el juez de instrucción a la vez garantiza los derechos del investigado pero tiene el deber de avanzar en la investigación. Somos una especie de doctor Jekyll y mister Hyde. Pero por el hecho de cambiar jueces por fiscales no se va a mejorar la instrucción. Con otro problema, los jueces somos independientes, y los fiscales, en principio con el modelo que se plantea, no lo son. Seguirían dependiendo de su superior jerárquico, con lo que serían más permeables a las presiones e instrucciones. Si se le dan medios, y una cierta autonomía e independencia de sus superiores para investigar, el modelo me puede parecer positivo. Pero si cambiamos jueces independientes por fiscales sujetos al principio de unidad y dependencia jerárquica y los mantenemos con los mismos medios, habremos pervertido el sistema porque investigara alguien que en definitiva depende de la autoridad política.

P. 38 años de democracia después, aún no está tipificado en el Código Penal el delito de financiación ilegal de los partidos…

R. En muchísimos casos de corrupción, lo que hay detrás es simplemente financiación ilegal de los partidos políticos y de sus responsables. Pero eso ha sido un tema vetado en España. Un político se corrompía, ganaba dinero y nadie se enteraba de nada. Cuando eso ha pasado en tantas ocasiones, pues ahora nos damos cuenta de que lo que había detrás era financiación de los partidos, de sindicatos, de organizaciones empresariales y de los amigos de unos y de otros. Y sin embargo, no se investiga la financiación ilegal, está tipificado como delito electoral con unas penas mínimas. Sería necesario introducir este delito, aunque volvemos a lo mismo, si introducimos delitos nuevos con penas elevadas pero no ponemos los medios para perseguirlo pues tampoco tiene mucho sentido. Sería conveniente mejorar el control que existe sobre los partidos. Lo que no puede ser es que el Tribunal de Cuentas tarde años en poder acceder a los mismos, o que a los partidos se les perdonen créditos bancarios sin problemas.

P. ¿Hay demasiados aforados en España? ¿Es necesario eliminar esa figura para combatir mejor la corrupción?

R. Más de la mitad de aforados en España son jueces y fiscales. Pero tiene un sentido; no me parece lógico que el compañero de al lado tenga que investigarte o juzgarte, creo que debe haber una cierta distancia. La finalidad de la norma tiene una cierta razonabilidad. Los aforados políticos tienen una desventaja, y es que en algunos casos pierden la posibilidad de recurrir a una segunda instancia judicial, pero también tienen ciertos beneficios. Mientras estás aforado no te pueden investigar, y si no te han investigado difícilmente van a poder presentar elementos suficientes como para que un tribunal superior pueda investigar. Yo delimitaría mucho más los aforamientos. Entiendo que pueda estar aforado el Gobierno de una comunidad pero no todo el parlamento.
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Más recortes
 
VICTORIA LAFORA 26/07/2014
Aunque este era el año de la recuperación, aunque ya habíamos atravesado el Cabo de Hornos, aunque habíamos dejado atrás lo peor de la crisis, vienen nuevos recortes. Hacienda y las Comunidades Autónomas llevan meses preparando un catalogo de nuevos zarpazos al estado del bienestar, representado por la Sanidad y la Enseñanza públicas. Las propuestas autonómicas son tan salvajes que ahora todos niegan su autoría y, al borde de las elecciones, solo les falta cantar «pío, pío que yo no he sido».
Pero Cristóbal Montoro, que tampoco está dispuesto a cargar con el marrón después de defender que somos la admiración de Europa y parte de América por la asombrosa recuperación económica protagonizada por su Gobierno, declara que el compendio de medidas, que estudiará la semana que viene, recogen los pliegos remitidos por los responsables autonómicos. Entre ellas, volver a retirar la paga a los funcionarios o aumentar nuevamente su jornada laboral. Meter todavía más niños en las aulas o reducir el complemento del 10% de los profesores.
En cuanto a la Sanidad, y coincidiendo con el cierre de plantas en verano que ha llevado a los pacientes del hospital catalán de Bellvitge a atrincherarse en sus camas, regresa la pretensión del copago, no solo farmacéutico, que también, sino que, además, se pretende cobrar por las urgencias, por faltar a una cita, o por ocupar una cama de hospital.
Montoro, incluso, ha llegado a decir que algunas medidas son tan extralimitadas que el Gobierno no las puede asumir. Recordando los recortes, que al ministerio de Hacienda no le resultar «insoportables», podremos darnos cuenta del tenor de las que vienen.
Así no resulta llamativo que, desde todos los puntos de España, surjan en tromba voces desmintiendo su autoría y culpando a las comunidades autónomas más endeudadas de querer arrastrar a todas en el descrédito.
La clave es como compatibilizar los intereses políticos de un año electoral, con el riesgo de que PP y PSOE pierdan comunidades y capitales importantes, con estas medidas que solo van a acrecentar la brecha social. Cuando se anunció a bombo y platillo la nueva reforma fiscal con la reducción del IRPF, causada por la mejoría económica, no se explicó la contrapartida: a menos ingresos, menos derechos. No se contó que la reducción impositiva que permitiría al Partido Popular recuperar votos de su electorado iba a tener la contraprestación de un nuevo recorte en el corazón de la empobrecida política social.
La sensación generalizada de que la salida de la crisis solo afecta, de momento, a los que menos lo necesitan, aumentará al ver lo público desaparecer por el sumidero del encaje del déficit. Sobre todo cuando ese déficit ha sido provocado por la mala gestión política de unas autoridades que convirtieron su paso por el poder en un monumento a la megalomanía.
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http://www.ultimocero.com/articulo/la-junta-personal-quiere-que-257-%E2%80%98elegidos%E2%80%99-tributen-por-el-uso-los-garajes-las-consejer%C3%ADas

Concentración de funcionarios en la sede de la Consejería de Hacienda. Foto: últimoCero
Concentración de funcionarios en la sede de la Consejería de Hacienda. Foto: últimoCero

La Junta de Personal quiere que 257 ‘elegidos’ tributen por el uso de los garajes de las consejerías

Ante el silencio de la Dirección General de Tributos han presentado una denuncia ante la Agencia Tributaria por considerar este “privilegio” una “retribución en especie”
últimoCero
Valladolid
:: Sábado, 10 de Mayo de 2014 ::
Todos los sindicatos que conforman la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León han firmado una denuncia  ante la Agencia Tributaria para que los 257 funcionarios, en su mayoría altos cargos y personal de confianza de libre designación, que ocupan plazas en los aparcamientos de las sedes de distintas consejerías, tributen por lo que consideran una “retribución en especie” por parte de la Administración regional.
La denuncia, que fue registrada el seis de mayo, apunta que esa “retribución en especie”, regulada en el artículo 42 de la Ley 35/2006, afecta al impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, “dado que se utiliza un número determinado de garajes, como si fueran de propiedad privada, por el otorgamiento discrecional de su uso y disfrute por parte de algunos altos cargos y funcionarios de forma reservada, nominativa y exclusiva”.
La Junta de Personal tiene acreditado que esto viene sucediendo, al menos desde hace 5 años, en las consejerías de Hacienda (33 plazas), Economía y Empleo (28 plazas), Fomento y Medio Ambiente (134 plazas) y Agricultura y Ganadería (62 plazas).
Los sindicatos de la Junta de Personal, que plantearon una consulta vinculante sobre este particular ante la Dirección General de Tributos, han presentado ahora esta denuncia ante la Agencia Tributaria al no haber obtenido una respuesta.
Sí que han tenido acceso a distintas respuestas parlamentarias facilitadas por distintos secretarios generales, en las que, aseguran “ellos mismos reconocen que se encargan de asignar las plazas por razones de seguridad”.
La Junta de Personal entiende que en estos casos la Agencia podría exigir la satisfacción del impuesto devengado en los últimos cinco años por este pago “en especie”.
Fuentes de la Junta de Personal consultadas por últimoCero, que reconocen que la oportunidad de presentar esta denuncia coincide con la campaña general del IRPF, explican que su objetivo es que las plazas de garaje ubicadas en los sótanos de las consejerías puedan ser usadas por todos los funcionarios, utilizando para ello un sistema de sorteo rotatorio o bien dejando libre el acceso al primer funcionario que la ocupe.
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Mi fotoPEDRO VICENTE   Lunes, 24 de marzo de 2014
Manto de opacidad sobre la Administración B
Desde el primer momento se vió venir que el verdadero objetivo de la Ley que el pasado año reformó el status y la estructura del Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social (CES) y el Procurador del Común no era otro que el socavar la independencia y autonomía de dichos organismos en su labor de control y fiscalización de la Junta de Castilla y León.
 
La austeridad era una mera coartada para atar en corto y cercenar el funcionamiento de unas instituciones cuyo verdadero pecado no estaba siendo otro que cumplir con eficacia y rigor los cometidos que tenían encomendados. El problema era que al cumplir sus obligaciones estaban  poniendo de manifiesto el uso abusivo de una mayoría parlamentaria para imponer prácticas de gobierno que frecuentemente bordean la legalidad, si es que no la vulneran directamente, como después se comprueba a través de los incesantes varapalos judiciales que recibe la Junta.
 
Desde el concepto patrimonial que tiene de las instituciones, acostumbrado a ejercer el poder a sus anchas ante una oposición maniatada, el PP no podía consentir que los razonados informes CES cuestionaran -casi siempre por unanimidad de los agentes sociales y económicos- la política económica y social de la Junta. Y menos aun que la fiscalización llevada a cabo por el Consejo de Cuentas destapara año tras año los ingenios y artificios contables de la Consejería de Hacienda o, lo que es peor, dejara con las vergüenzas al aire la gestión perpetrada en la Administración B constituida por el conglomerado de sociedades, entes, fundaciones y demás chiringuitos que han conformado y conforman el llamado “sector público de la comunidad”.
 
La primera consecuencia de esa torticera reforma -urdida por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez- fue el relevo del presidente del CES, José Luis Díez Hoces, a quien la Junta no le perdonó la independencia con la que actuó el organismo bajo su mandato. Pese a tener el respaldo unánime del pleno para resultar reelegido, se introdujo una limitación de mandatos con efectos retroactivos con el fin de evitar su continuidad.
 
Faltaba parar los pies al Consejo de Cuentas y de ello se ha ocupado estos días el PP, modificando unilateralmente el plan anual de trabajo presentado a las Cortes para el presente año. Desde la constitución del Consejo, en el año 2003, nunca la institución parlamentaria había cuestionado el contenido de dicho plan, como no fuera para añadir al mismo algún informe especial. Sin embargo, en esta ocasión ha ocurrido algo muy diferente: Valiéndose de su mayoría absoluta, el grupo popular ha suprimido del plan de trabajo los informes propuestos sobre la situación y actividad económico-financiera de empresas y fundaciones públicas de la comunidad.
 
El argumento utilizado para ello no puede ser más peregrino y falaz. Según el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, se trata de descargar al Consejo de ese trabajo para dar prioridad a la rendición de cuentas a que vienen obligadas las entidades locales menores tras la aprobación de la reforma local de Montoro. Una excusa absolutamente pueril que se ha ocupado de desmontar el propio Consejo, al alegar que dicha rendición de cuentas no es competencia suya y que la fiscalización inherente a ella no es óbice para realizar los informes sobre las empresas y fundaciones publicas propuestos en su plan de trabajo.
 
¿A que viene entonces este desaforado ataque a la independencia del Consejo de Cuentas? Sin duda, la respuesta se encuentra en los juzgados, concretamente en el de Instrucción número dos de Valladolid, que investiga presuntas conductas delictivas en la gestión de las sociedades públicas ADE Parques, ADE Financiación, Provilsa y Somacyl. Dicha investigación judicial trae causa de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por el Partido Castellano (PCAS) ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por presuntos delitos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos de prevaricación. La base de dicha denuncia no era otra que los demoledores informes de fiscalización emitidos por el Consejo de Cuentas sobre la gestión de esas cuatro sociedades durante los años 2010 y 2011, donde quedó negro sobre blanco su reiterado incumplimiento de la Ley de Contratos del Estado.
 
Lejos de archivar dicha denuncia, la  fiscalía del TSJ dio traslado de la misma a la fiscalía de Valladolid, de donde ha pasado a a dicho Juzgado de Instrucción, el mismo que instruye en pieza aparte presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la compra por ADE Parques de los terrenos supuestamente destinados a un Parque Empresarial en Portillo (Valladolid). Además de lo anterior, a raíz de otro informe del Consejo de Cuentas la fiscalía investiga el presunto “fraccionamiento prohibido” detectado en 22 contratos adjudicados por la consejería de Economía en el año 2010.
 
A raíz de estas investigaciones judiciales, y en evitación de posibles percances penales, se comprende que el PP haya decidido que a partir de ahora el Consejo de Cuentas no meta las narices más allá de donde resulte estrictamente imprescindible. Se pretende que la llamada Administración B, tradicional nido de enchufismo, despilfarro y déficit, pueda seguir perpetrando sus chanchullos con la máxima impunidad posible.
 
Naturalmente, Fernández Carriedo no ha sido más que el bienmandado ejecutor de la orden emanada del Colegio de la Asunción, cuyo “ala oeste”, sede de la consejería de la Presidencia, visita personalmente de vez en cuando para recibir las instrucciones pertinentes. El paladín del “gobierno abierto” y de la transparencia ha decidido tender un manto de opacidad y oscurantismo que no hace otra cosa que confirmar el pestilente olor que desprende esa Administración paralela superpuesta a la de la propia Junta. Ello con el consentimiento de su teórico jefe, el presidente de la Junta y del grupo parlamentario popular, Juan Vicente Herrera.
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Por un Nuevo Modelo de Democracia
Una foto de Por un Nuevo Modelo de Democracia.

Yo no soy funcionario

No soy funcionario. Me pareció que hacer otras cosas era más interesante. Además, eso de encerrarme durante meses para estudiar y conseguir plaza en un ayuntamiento o en el cuerpo de bomberos era demasiado. Nunca he entendido cómo alguien estudia y se esfuerza para terminar jugándose la vida vigilando la ciudad o en otro país. Miren como se lo pasan nuestros militares destacados en Afganistán. No sé, nunca lo tuve claro. Por ejemplo, estudiar medicina para terminar en un hospital del Estado y no en una clínica privada ganando dinero a sacos me pareció un atraso. En la administración pública no se hace nadie millonario salvo los que roban. Y me temo que los funcionarios no lo hacen. Ya sé, ya sé. También son funcionarios algunos de los que roban. Pero estoy hablando de la gran masa trabajadora que forma este colectivo. De los pocos que han encontrado una mina en la que expoliar a diario, hoy, no hablaré. Sencillamente, me aburre.
No soy funcionario. No lo soy. Soy un tipo normal y corriente. Un tipo que se toma un café en horas de trabajo para despejar la mente, un tipo que si tiene la posibilidad de tomarse un día libre (porque tengo derecho a ello) lo hago sin pestañear. No soy funcionario y cada mañana salgo a la calle sabiendo que no habrá basura acumulada junto a los árboles, que los cacos estarán en prisión vigilados por guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones. De camino al trabajo (lo hago andando) veo entrar a cientos de niños en un colegio público del barrio. Lo hacen contentos porque allí les cuidan y aprenden y hacen lo que un niño debe hacer. Los encargados de algo tan fundamental sí son funcionarios. Yo no lo soy.
Empieza a ser preocupante que las cosas se vean de diferente manera. Es muy injusto criminalizar a padres y madres de familia que acuden a su puesto de trabajo con normalidad. No son los malos. No. Son personas normales y corrientes que se ganan la vida como cualquiera que no sea funcionario. Sí hay una diferencia, le guste o no le guste a la gente: trabajan al servicio de toda la sociedad. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de personas se han quedado sin dormir esta noche para que todo funcione bien. Piensen (ya sé que es un engorro y las gestiones son pesadas) en cómo sería el mundo si no hubiera trabajadores en los centros oficiales ordenando el mundo. No son delincuentes. Eligieron un camino lleno de grandes esfuerzos para llegar al final. Esa es la diferencia. Muchas horas de estudio para acceder a un puesto de trabajo.
¿No serán los cargos políticos los que convierten todo esto en un desastre? Llegan con los que mandan cada cuatro años, con un sueldo estupendo, hacen lo que hacen y se van. Si es verdad que hay un problema de distribución del trabajo en la administración pública deben ser esos cargos los que lo resuelvan. No lo hacen y los funcionarios obedecen, mientras, órdenes estúpidas que no tienen ni pies ni cabeza, cambian sus puestos de trabajo porque a no sé quién se le ocurre que el edifico de enfrente es más bonito o lo que se les pase por la cabeza (siempre pensando en disparates, claro, porque hablamos de políticos y no de funcionarios). Si alguien cree (de esos que ponen a mandar en las administraciones) que la cosa no funciona que lo cambien; si existe un exceso de personal que no se convoquen oposiciones. Los funcionarios no tienen la culpa de todo esto. Sin embargo, llegan los nuevos y colocan a un montón de interinos, de personas señaladas con el dedo. Eso es lo que hacen. Gastar y gastar de mala manera lo que no es suyo. Es decir, robar.
Ser funcionario no debe convertirse en un estigma. Desayunar con los compañeros es algo que hacemos todos, hablar de fútbol lo mismo. Todos somos lo mismo. No entiendo por qué cuando hablamos de funcionarios nos la agarramos con papel de fumar. De verdad que no. Cada trabajador tiene un puesto en la sociedad y la sirve de un modo u otro.
Como sé que la frase estrella cuando se habla de esto es “sí, pero a ellos les pagamos entre todos” les pido que (si han pensado en formular la preguntita dichosa) piensen en esta respuesta: Todos estamos mejor gracias al esfuerzo que hacen y ellos, todos, trabajan por nosotros. Los demás tenemos intereses más particulares y por esa razón el sueldo llega de otro lugar.
No soy funcionario. Pero me parece angustioso e injusto lo que les están haciendo con este colectivo. Criminalizar su labor y, acto seguido, robarles sus derechos.
Este gobierno ha elegido la vía sencilla. Subir los impuestos, favorecer a la banca, esquilmar a los empleados públicos y aprovechar para (el colapso del miedo lo tapa todo) arrasar con todo. Parece que piensan: devolved lo que os dimos, desgraciados; que os estáis poniendo muy chulitos.
Es verdad que cada sector se ha llevado lo suyo en forma de recorte, abusos y demolición. No hay más que ver el número de parados y la vida a diario en la empresa privada. Es verdad que todos hemos ido calientes a la cama. Pero a mí no me insultan por trabajar. Y a los funcionarios tampoco, pero casi. A eso no hay derecho.
No cometamos más injusticias con este colectivo. Piensen que es fundamental para que las cosas funcionen. Son como usted y como yo.
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Yo no soy funcionario

No soy funcionario. Me pareció que hacer otras cosas era más interesante. Además, eso de encerrarme durante meses para estudiar y conseguir plaza en un ayuntamiento o en el cuerpo de bomberos era demasiado. Nunca he entendido cómo alguien estudia y se esfuerza para terminar jugándose la vida vigilando la ciudad o en otro país. Miren como se lo pasan nuestros militares destacados en Afganistán. No sé, nunca lo tuve claro. Por ejemplo, estudiar medicina para terminar en un hospital del Estado y no en una clínica privada ganando dinero a sacos me pareció un atraso. En la administración pública no se hace nadie millonario salvo los que roban. Y me temo que los funcionarios no lo hacen. Ya sé, ya sé. También son funcionarios algunos de los que roban. Pero estoy hablando de la gran masa trabajadora que forma este colectivo. De los pocos que han encontrado una mina en la que expoliar a diario, hoy, no hablaré. Sencillamente, me aburre.
No soy funcionario. No lo soy. Soy un tipo normal y corriente. Un tipo que se toma un café en horas de trabajo para despejar la mente, un tipo que si tiene la posibilidad de tomarse un día libre (porque tengo derecho a ello) lo hago sin pestañear. No soy funcionario y cada mañana salgo a la calle sabiendo que no habrá basura acumulada junto a los árboles, que los cacos estarán en prisión vigilados por guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones. De camino al trabajo (lo hago andando) veo entrar a cientos de niños en un colegio público del barrio. Lo hacen contentos porque allí les cuidan y aprenden y hacen lo que un niño debe hacer. Los encargados de algo tan fundamental sí son funcionarios. Yo no lo soy.
Empieza a ser preocupante que las cosas se vean de diferente manera. Es muy injusto criminalizar a padres y madres de familia que acuden a su puesto de trabajo con normalidad. No son los malos. No. Son personas normales y corrientes que se ganan la vida como cualquiera que no sea funcionario. Sí hay una diferencia, le guste o no le guste a la gente: trabajan al servicio de toda la sociedad. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de personas se han quedado sin dormir esta noche para que todo funcione bien. Piensen (ya sé que es un engorro y las gestiones son pesadas) en cómo sería el mundo si no hubiera trabajadores en los centros oficiales ordenando el mundo. No son delincuentes. Eligieron un camino lleno de grandes esfuerzos para llegar al final. Esa es la diferencia. Muchas horas de estudio para acceder a un puesto de trabajo.
¿No serán los cargos políticos los que convierten todo esto en un desastre? Llegan con los que mandan cada cuatro años, con un sueldo estupendo, hacen lo que hacen y se van. Si es verdad que hay un problema de distribución del trabajo en la administración pública deben ser esos cargos los que lo resuelvan. No lo hacen y los funcionarios obedecen, mientras, órdenes estúpidas que no tienen ni pies ni cabeza, cambian sus puestos de trabajo porque a no sé quién se le ocurre que el edifico de enfrente es más bonito o lo que se les pase por la cabeza (siempre pensando en disparates, claro, porque hablamos de políticos y no de funcionarios). Si alguien cree (de esos que ponen a mandar en las administraciones) que la cosa no funciona que lo cambien; si existe un exceso de personal que no se convoquen oposiciones. Los funcionarios no tienen la culpa de todo esto. Sin embargo, llegan los nuevos y colocan a un montón de interinos, de personas señaladas con el dedo. Eso es lo que hacen. Gastar y gastar de mala manera lo que no es suyo. Es decir, robar.
Ser funcionario no debe convertirse en un estigma. Desayunar con los compañeros es algo que hacemos todos, hablar de fútbol lo mismo. Todos somos lo mismo. No entiendo por qué cuando hablamos de funcionarios nos la agarramos con papel de fumar. De verdad que no. Cada trabajador tiene un puesto en la sociedad y la sirve de un modo u otro.
Como sé que la frase estrella cuando se habla de esto es “sí, pero a ellos les pagamos entre todos” les pido que (si han pensado en formular la preguntita dichosa) piensen en esta respuesta: Todos estamos mejor gracias al esfuerzo que hacen y ellos, todos, trabajan por nosotros. Los demás tenemos intereses más particulares y por esa razón el sueldo llega de otro lugar.
No soy funcionario. Pero me parece angustioso e injusto lo que les están haciendo con este colectivo. Criminalizar su labor y, acto seguido, robarles sus derechos.
Este gobierno ha elegido la vía sencilla. Subir los impuestos, favorecer a la banca, esquilmar a los empleados públicos y aprovechar para (el colapso del miedo lo tapa todo) arrasar con todo. Parece que piensan: devolved lo que os dimos, desgraciados; que os estáis poniendo muy chulitos.
Es verdad que cada sector se ha llevado lo suyo en forma de recorte, abusos y demolición. No hay más que ver el número de parados y la vida a diario en la empresa privada. Es verdad que todos hemos ido calientes a la cama. Pero a mí no me insultan por trabajar. Y a los funcionarios tampoco, pero casi. A eso no hay derecho.
No cometamos más injusticias con este colectivo. Piensen que es fundamental para que las cosas funcionen. Son como usted y como yo.
- See more at: http://www.lavidadelreves.es/yo-no-soy-funcionario/#sthash.RYGvats7.dpuf

Yo no soy funcionario

No soy funcionario. Me pareció que hacer otras cosas era más interesante. Además, eso de encerrarme durante meses para estudiar y conseguir plaza en un ayuntamiento o en el cuerpo de bomberos era demasiado. Nunca he entendido cómo alguien estudia y se esfuerza para terminar jugándose la vida vigilando la ciudad o en otro país. Miren como se lo pasan nuestros militares destacados en Afganistán. No sé, nunca lo tuve claro. Por ejemplo, estudiar medicina para terminar en un hospital del Estado y no en una clínica privada ganando dinero a sacos me pareció un atraso. En la administración pública no se hace nadie millonario salvo los que roban. Y me temo que los funcionarios no lo hacen. Ya sé, ya sé. También son funcionarios algunos de los que roban. Pero estoy hablando de la gran masa trabajadora que forma este colectivo. De los pocos que han encontrado una mina en la que expoliar a diario, hoy, no hablaré. Sencillamente, me aburre.
No soy funcionario. No lo soy. Soy un tipo normal y corriente. Un tipo que se toma un café en horas de trabajo para despejar la mente, un tipo que si tiene la posibilidad de tomarse un día libre (porque tengo derecho a ello) lo hago sin pestañear. No soy funcionario y cada mañana salgo a la calle sabiendo que no habrá basura acumulada junto a los árboles, que los cacos estarán en prisión vigilados por guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones. De camino al trabajo (lo hago andando) veo entrar a cientos de niños en un colegio público del barrio. Lo hacen contentos porque allí les cuidan y aprenden y hacen lo que un niño debe hacer. Los encargados de algo tan fundamental sí son funcionarios. Yo no lo soy.
Empieza a ser preocupante que las cosas se vean de diferente manera. Es muy injusto criminalizar a padres y madres de familia que acuden a su puesto de trabajo con normalidad. No son los malos. No. Son personas normales y corrientes que se ganan la vida como cualquiera que no sea funcionario. Sí hay una diferencia, le guste o no le guste a la gente: trabajan al servicio de toda la sociedad. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de personas se han quedado sin dormir esta noche para que todo funcione bien. Piensen (ya sé que es un engorro y las gestiones son pesadas) en cómo sería el mundo si no hubiera trabajadores en los centros oficiales ordenando el mundo. No son delincuentes. Eligieron un camino lleno de grandes esfuerzos para llegar al final. Esa es la diferencia. Muchas horas de estudio para acceder a un puesto de trabajo.
¿No serán los cargos políticos los que convierten todo esto en un desastre? Llegan con los que mandan cada cuatro años, con un sueldo estupendo, hacen lo que hacen y se van. Si es verdad que hay un problema de distribución del trabajo en la administración pública deben ser esos cargos los que lo resuelvan. No lo hacen y los funcionarios obedecen, mientras, órdenes estúpidas que no tienen ni pies ni cabeza, cambian sus puestos de trabajo porque a no sé quién se le ocurre que el edifico de enfrente es más bonito o lo que se les pase por la cabeza (siempre pensando en disparates, claro, porque hablamos de políticos y no de funcionarios). Si alguien cree (de esos que ponen a mandar en las administraciones) que la cosa no funciona que lo cambien; si existe un exceso de personal que no se convoquen oposiciones. Los funcionarios no tienen la culpa de todo esto. Sin embargo, llegan los nuevos y colocan a un montón de interinos, de personas señaladas con el dedo. Eso es lo que hacen. Gastar y gastar de mala manera lo que no es suyo. Es decir, robar.
Ser funcionario no debe convertirse en un estigma. Desayunar con los compañeros es algo que hacemos todos, hablar de fútbol lo mismo. Todos somos lo mismo. No entiendo por qué cuando hablamos de funcionarios nos la agarramos con papel de fumar. De verdad que no. Cada trabajador tiene un puesto en la sociedad y la sirve de un modo u otro.
Como sé que la frase estrella cuando se habla de esto es “sí, pero a ellos les pagamos entre todos” les pido que (si han pensado en formular la preguntita dichosa) piensen en esta respuesta: Todos estamos mejor gracias al esfuerzo que hacen y ellos, todos, trabajan por nosotros. Los demás tenemos intereses más particulares y por esa razón el sueldo llega de otro lugar.
No soy funcionario. Pero me parece angustioso e injusto lo que les están haciendo con este colectivo. Criminalizar su labor y, acto seguido, robarles sus derechos.
Este gobierno ha elegido la vía sencilla. Subir los impuestos, favorecer a la banca, esquilmar a los empleados públicos y aprovechar para (el colapso del miedo lo tapa todo) arrasar con todo. Parece que piensan: devolved lo que os dimos, desgraciados; que os estáis poniendo muy chulitos.
Es verdad que cada sector se ha llevado lo suyo en forma de recorte, abusos y demolición. No hay más que ver el número de parados y la vida a diario en la empresa privada. Es verdad que todos hemos ido calientes a la cama. Pero a mí no me insultan por trabajar. Y a los funcionarios tampoco, pero casi. A eso no hay derecho.
No cometamos más injusticias con este colectivo. Piensen que es fundamental para que las cosas funcionen. Son como usted y como yo.
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ie millonario salvo los que roban. Y me temo que los funcionarios no lo hacen. Ya sé, ya sé. También son funcionarios algunos de los que roban. Pero estoy hablando de la gran masa trabajadora que forma este colectivo. De los pocos que han encontrado una mina en la que expoliar a diario, hoy, no hablaré. Sencillament - See more at: http://www.lavidadelreves.es/yo-no-soy-funcionario/#sthash.RYGvats7.dpuf

Yo no soy funcionario
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YO NO SOY FUNCIONARIO

 
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No soy funcionario. Me pareció que hacer otras cosas era más interesante. Además, eso de encerrarme durante meses para estudiar y conseguir plaza en un ayuntamiento o en el cuerpo de bomberos era demasiado. Nunca he entendido cómo alguien estudia y se esfuerza para terminar jugándose la vida vigilando la ciudad o en otro país. Miren como se lo pasan nuestros militares destacados en Afganistán. No sé, nunca lo tuve claro. Por ejemplo, estudiar medicina para terminar en un hospital del Estado y no en una clínica privada ganando dinero a sacos me pareció un atraso. En la administración pública no se hace nadie millonario salvo los que roban. Y me temo que los funcionarios no lo hacen. Ya sé, ya sé. También son funcionarios algunos de los que roban. Pero estoy hablando de la gran masa trabajadora que forma este colectivo. De los pocos que han encontrado una mina en la que expoliar a diario, hoy, no hablaré. Sencillamente, me aburre.

No soy funcionario. No lo soy. Soy un tipo normal y corriente. Un tipo que se toma un café en horas de trabajo para despejar la mente, un tipo que si tiene la posibilidad de tomarse un día libre (porque tengo derecho a ello) lo hago sin pestañear. No soy funcionario y cada mañana salgo a la calle sabiendo que no habrá basura acumulada junto a los árboles, que los cacos estarán en prisión vigilados por guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones. De camino al trabajo (lo hago andando) veo entrar a cientos de niños en un colegio público del barrio. Lo hacen contentos porque allí les cuidan y aprenden y hacen lo que un niño debe hacer. Los encargados de algo tan fundamental sí son funcionarios. Yo no lo soy.

Empieza a ser preocupante que las cosas se vean de diferente manera. Es muy injusto criminalizar a padres y madres de familia que acuden a su puesto de trabajo con normalidad. No son los malos. No. Son personas normales y corrientes que se ganan la vida como cualquiera que no sea funcionario. Sí hay una diferencia, le guste o no le guste a la gente: trabajan al servicio de toda la sociedad. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de personas se han quedado sin dormir esta noche para que todo funcione bien. Piensen (ya sé que es un engorro y las gestiones son pesadas) en cómo sería el mundo si no hubiera trabajadores en los centros oficiales ordenando el mundo. No son delincuentes. Eligieron un camino lleno de grandes esfuerzos para llegar al final. Esa es la diferencia. Muchas horas de estudio para acceder a un puesto de trabajo.

¿No serán los cargos políticos los que convierten todo esto en un desastre? Llegan con los que mandan cada cuatro años, con un sueldo estupendo, hacen lo que hacen y se van. Si es verdad que hay un problema de distribución del trabajo en la administración pública deben ser esos cargos los que lo resuelvan. No lo hacen y los funcionarios obedecen, mientras, órdenes estúpidas que no tienen ni pies ni cabeza, cambian sus puestos de trabajo porque a no sé quién se le ocurre que el edifico de enfrente es más bonito o lo que se les pase por la cabeza (siempre pensando en disparates, claro, porque hablamos de políticos y no de funcionarios). Si alguien cree (de esos que ponen a mandar en las administraciones) que la cosa no funciona que lo cambien; si existe un exceso de personal que no se convoquen oposiciones. Los funcionarios no tienen la culpa de todo esto. Sin embargo, llegan los nuevos y colocan a un montón de interinos, de personas señaladas con el dedo. Eso es lo que hacen. Gastar y gastar de mala manera lo que no es suyo. Es decir, robar.

Ser funcionario no debe convertirse en un estigma. Desayunar con los compañeros es algo que hacemos todos, hablar de fútbol lo mismo. Todos somos lo mismo. No entiendo por qué cuando hablamos de funcionarios nos la agarramos con papel de fumar. De verdad que no. Cada trabajador tiene un puesto en la sociedad y la sirve de un modo u otro.
Como sé que la frase estrella cuando se habla de esto es “sí, pero a ellos les pagamos entre todos” les pido que (si han pensado en formular la preguntita dichosa) piensen en esta respuesta: Todos estamos mejor gracias al esfuerzo que hacen y ellos, todos, trabajan por nosotros. Los demás tenemos intereses más particulares y por esa razón el sueldo llega de otro lugar.
No soy funcionario. Pero me parece angustioso e injusto lo que les están haciendo con este colectivo. Criminalizar su labor y, acto seguido, robarles sus derechos.

Este gobierno ha elegido la vía sencilla. Subir los impuestos, favorecer a la banca, esquilmar a los empleados públicos y aprovechar para (el colapso del miedo lo tapa todo) arrasar con todo. Parece que piensan: devolved lo que os dimos, desgraciados; que os estáis poniendo muy chulitos.
Es verdad que cada sector se ha llevado lo suyo en forma de recorte, abusos y demolición. No hay más que ver el número de parados y la vida a diario en la empresa privada. Es verdad que todos hemos ido calientes a la cama. Pero a mí no me insultan por trabajar. Y a los funcionarios tampoco, pero casi. A eso no hay derecho.
No cometamos más injusticias con este colectivo. Piensen que es fundamental para que las cosas funcionen. Son como usted y como yo.
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Tribuna

Motivar a los funcionarios, ¿a quién le importa?

http://cincodias.com/cincodias/2013/10/31/economia/1383234078_096976.HTML

Ocuparse del estado de la motivación de los funcionarios puede no ser muy popular, pero no hacerlo es una estupidez. Son el mayor colectivo laboral del país ( y el más costoso, para 2014 están presupuestados 21.300 millones de euros en gastos de personal) y son vitales para determinar la dinámica y la eficacia del Estado. De ellos dependen la educación, la sanidad, la justicia y todo tipo de tramitaciones administrativas y regulatorias. Por eso es necesario preguntarse por qué más de tres millones de personas con puestos fijos y sueldos hoy en día envidiables, están en su mayoría aburridos y desmotivados.
En el imaginario popular un funcionario es alguien áspero, lacónico o prepotente que nos impone el poder que su posición le otorga. Alguien que rara vez expresa ilusión o entusiasmo por su trabajo. Si reflexionamos desde las teorías de la motivación el fenómeno es muy interesante pues demuestra la insuficiencia motivadora de la seguridad en el empleo, los salarios dignos, las facilidades para la flexibilidad y el trato supuestamente igualitario. Factores a los que muchos imputan la satisfacción profesional.
Al comenzar de su carrera, cuando superan la oposición, los funcionarios viven una fase de euforia personal derivada del hecho de haber, y haberse, demostrado sus capacidades, de poder mirar al futuro con seguridad y, en muchos casos, del hecho de poder servir a la sociedad. Poco sospechan que mucho de ese impulso e ilusión que sienten se debe a algo que, justo por alcanzar la meta que perseguían -ser funcionarios- ,perderán en gran medida en el futuro; me refiero a la conexión entre el trabajo bien hecho y el esfuerzo con el éxito y el sentido de logro y reconocimiento. Esa conexión, que refuerza el necesario sentimiento de valía personal, puede debilitarse mucho en la función pública. A menudo sólo opositando de nuevo volverán a alcanzar esa sensación de “autoeficacia” (Bandura, 1.977) tan vital para establecer el saldo motivacional personal. En la “luna de miel” inicial los funcionarios disfrutan de un nivel profesional y un sueldo que sienten como merecidos al haberse obtenido con esfuerzo y saberse parte de un sistema que teóricamente les permitirá progresar. Pero esa estructura, de cuya pertenencia se extraerá una parte del sentido personal de identidad y valía, es más rígida, estática y, sobre todo, inerte de lo que puede imaginarse. Es inerte porque, en ella, ser un buen profesional o uno malo apenas marca alguna diferencia en términos de reconocimiento y progresión; porque los jefes disponen de pocos medios para premiar; porque el factor liderazgo -tan importante para aportar estímulos a los empleados- no es muy abundante en ese medio; porque en la mayoría de las ocasiones en que sería necesaria la aplicación de medidas disciplinarias (negligencias, absentismos, etc.), no se aplican y porque, frecuentemente, sus buenas cualificaciones están infrautilizadas. Los ingredientes para crear atmósferas de atonía y desánimo están servidos. Es fácil caer en situaciones de indefensión aprendida (Seligman y Abramson.1.978), en ellas las personas reducen su actividad y tono anímico por falta de conexión entre lo que hacen y las consecuencias que se derivan de ello. El sistema tiende a generar frustración e inacción. Los humanos no somos autómatas que se activan sólo por la paga a fin de mes; y menos aún si esta está garantizada. Los factores higiénicos de la motivación (Herzberg.1.959) están todos presentes en el funcionariado: salario, seguridad, oficinas cómodas, categoría profesional, vacaciones, buenos horarios, etc. Pero no son ellos los que dan la satisfacción laboral aunque, eso sí, su ausencia desmotivaría. Faltan, y mucho, los verdaderos motivadores: el sentido de reto, de logro, la autonomía y creatividad en el ejercicio del puesto, el reconocimiento auténtico y la progresión vinculada al logro. Esto es lo que añoran los buenos funcionarios. Como sustitutos de estos factores de “propulsión” ausentes muchos buenos funcionarios –y creo que bastante más de la mitad lo son– alimentan su motor motivacional con dos tipos de combustible: el del sentimiento legítimo de realizar un servicio público y el de cumplir con su sentido del deber.
Creo que nuestros gobiernos no deberían dar por perdida la batalla del estímulo profesional de los funcionarios. Hay muchos medios que pueden usarse para ello: la movilidad inteligente entre puestos, la evaluación y el reconocimiento de méritos, los sistemas de incentivos sensatos, la aplicación de disciplina justa (pocas cosas desaniman más que el laisssez faire ante los negligentes), etc. Nuestra sociedad lo necesita y los funcionarios también. Nos importa a todos.

Juan San Andrés es psicólogo y director de recursos humanos Juansanandres.com
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  Una de las mil razones para estar indignados
14 ene 2014

                                                     
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
    
Público.es    Pensamiento crítico
Si usted, lector, no está indignado es que no sabe qué está pasando en su país. Seguro que es consciente de que la situación económica y social del país no está yendo bien. En realidad, está yendo muy mal. El desempleo ha alcanzado niveles récord en la Unión Europea y en España. Y las agencias internacionales más fiables dicen que la economía española no alcanzará los niveles de desempleo que tenía antes de que se iniciara la crisis hasta veinte años (sí, ha leído bien, veinte años a partir de ahora). Y puesto que el desempleo juvenil es el doble del general, estos pronósticos quieren decir que estamos quemando nuestro futuro, pues muchas generaciones jóvenes estarán en una situación desesperada, habiendo sido convertidas en inservibles. Esta situación de los jóvenes está también afectando negativamente al futuro de la Seguridad Social, contradiciendo, por cierto, el famoso argumento de que el problema de las pensiones es que hay demasiados ancianos y muy pocos jóvenes. La falacia de este argumento queda claramente al descubierto en la crisis actual. El problema de las pensiones no es que no haya jóvenes sino que no hay trabajo para ellos. Este es el problema que el famoso argumento catastrofista basado en la transición demográfica oculta.
Esta crisis ha sido consecuencia de unas políticas públicas llevadas a cabo por gobiernos bajo el mandato de instituciones altamente influenciadas por la banca, tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Se lo digo yo, que soy Catedrático de Políticas Públicas y he visto muchos casos antes, en otros continentes, que experimentaron crisis muy semejantes. En realidad, a finales del siglo XX, Latinoamérica sufrió una situación muy parecida.
Estos bancos que tienen una enorme influencia política (muy, pero que muy marcada en España, donde el gobierno Rajoy es un mero instrumento de la banca), están forzando e imponiendo políticas que son la causa de la crisis. Cito solo un detalle. El gobierno Rajoy está recortando y desmantelando el Estado del Bienestar de España (lo mismo ocurre en Catalunya con el gobierno de Artur Mas), recortando y recortando gasto y empleo público a fin de reducir el déficit y la deuda pública. Estos recortes están contribuyendo a destruir empleo y bajar la demanda que debería estimular la economía.
Ahora bien, a pesar de los recortes, la deuda pública española continúa subiendo y subiendo, ascendiendo ya a 664.000 millones de euros (lo cual es mucho dinero). Usted y yo pagamos los intereses de esta deuda, que representa ya el segundo capítulo del presupuesto del Estado después de la Seguridad Social. Este dinero suyo y mío va a los bancos que han comprado esta deuda. Hoy los bancos españoles tienen casi la mitad de esta deuda, 299.000 millones. La pregunta que debe hacerse es: ¿Y de dónde saca el banco el dinero para comprar la deuda? Pues, mire usted, por mucho que le sorprenda, procede de préstamos públicos. Cada año los bancos españoles piden prestado dinero al Banco Central Europeo, BCE, una institución pública (que no funciona en realidad como un banco central, sino como un lobby de la banca), a unos intereses bajísimos, menos del 1%. El BCE se lo presta para que los bancos se lo presten a usted y a mí, y a las pequeñas y medianas empresas, y así se resuelva el enorme problema de falta de crédito que ha paralizado la economía. No sé si usted ha intentado conseguir un préstamo de la banca. Si lo intenta, verá que no es fácil. ¿Y, por qué no es fácil, si reciben tanto dinero del BCE?
La respuesta no es difícil de ver. Los bancos ganan mucho más dinero comprando deuda pública a unos intereses muy altos (que el discurso oficial indica que el Estado necesita ofrecer para que los Estados puedan conseguir prestado dinero de los bancos), de un 4%, 6%, o incluso 13%. Imagínese el chollo que significa que reciban dinero a menos del 1% y con ello compren bonos que les generan una cantidad de dinero muchas veces mayor que la que pidieron prestada del BCE. ¿Se da cuenta? Y, sepa usted, que los banqueros en España están entre los mejor pagados de la Unión Europea. Y los bancos más importantes de España han estado entre las empresas con mayores beneficios. Si después de leer todo esto no se ha indignado, es que no me he explicado bien.
Pero si me ha entendido bien, entonces prepárese para incrementar su nivel de indignación, pues todo esto es totalmente innecesario. Todo este enorme sufrimiento, incluido el elevado desempleo, es totalmente evitable. Es, repito, innecesario y dañino y existe única y exclusivamente para el beneficio primordialmente de la banca. La solución a esta situación es extremadamente fácil. El BCE debería prestar el mismo dinero, no a la banca privada, sino a los Estados, y dejar que estos lo ofreciesen a usted, a mí y a las pequeñas y medianas empresas, al mismo tipo de interés que el Estado lo recibe del BCE. Mire que fácil.
Y usted preguntará ¿Y por qué no se hace así? Pues porque la banca tiene un enorme poder sobre el BCE, sobre las instituciones que gobiernan la Eurozona, sobre el gobierno español y, no lo olvide, sobre los medios de información y persuasión. Y un ejemplo de ello es que este artículo que ha estado leyendo no se publicará en ninguno de los cinco rotativos más importantes del país. De ahí que le sugiera que lo distribuya ampliamente entre amigos y familiares, porque la escasísima democracia que tenemos tiene que cambiarse y ello empezará por tener una ciudadanía informada, que es lo que no tenemos.
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El desprecio político al funcionariado 
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
   FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
 
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
 
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
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¿QUÉ ES UNA PUTADA?
 
Por: Antonio Gala
·         Putada es comparar la jubilación de un diputado o diputada con la de una viuda.
 
·         Putada es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con tres o con seis según el caso y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima sólo necesiten jurar el cargo.
 
·         Putada es que los diputados sean los únicos trabajadores (?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del ISR. 
 
·         Putada es colocar en la administración a miles de asesores (léase amigotes con sueldo) que ya desearían para sí los técnicos mejor cualificados.
 
·         Putada es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.
 
·         Putada es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos intelectual o cultural).
 
·         Putada es el costo que representa para los ciudadanos, sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.
 
·         Putada es que sus señorías tengan casi cinco meses de vacaciones al año (48 días en Navidad-enero, más 17 en Semana Santa -a pesar de que muchos de ellos se declaran laicos- más 82 días en verano).
 
·         Putada es que sus señorías, cuando cesan en el cargo, tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses.
 
·         Putada es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público.
 
·         Putada es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios los únicos que representan un costo para el bolsillo de los ciudadanos...
 
·         Putada es que nos oculten sus privilegios, mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven, hablando de política social y derechos sociales.
 
¡Qué Putada!...
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¡¡YO ELIJO 100 % PÚBLICA!!
video

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Diario Digital de León • Noticias • Actualidad
La ranita sorda    http://www.diariodigitaldeleon.com/Articulos/fabula-empresarial-la-ranita-sorda.html
  
Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. 
Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo.
Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que seria imposible que lograran salir del hoyo y 
lo mejor seria que esperaran morir. 
Las dos ranas no hicieron caso a los 
comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. 
Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: - ¿No escuchaste lo que te decíamos?
La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo.

Moralejas:

"Sin importar las circunstancias siempre debes confiar en ti y perseverar para lograr tus propósitos".

"Se `sordo´ cuando alguien te diga que no puedes alcanzar tus sueños".

"Ten cuidado porque en muchas ocasiones, las ranas que te animan a desistir se encuentran dentro de ti mismo".

"Una palabra de aliento a alguien que está 
pasando por un mal momento, puede reanimarlo y ayudarlo a salir adelante... Una palabra destructiva puede ser lo único que se necesita para matarlo".